Entre los cometidos con violencia, disminuyeron 2.3 por ciento en los primeros nueve meses de este año, en comparación con los promedios registrados en el mismo periodo de 2014, según indicadores de la Dirección General de Política y Estadística Criminal en cuanto incidencia delictiva en la capital del país.
Detalló la PGJDF que de enero a septiembre de 2015, se emprendieron 2 mil 595 indagatorias por este ilícito, de las cuales 917 tienen relación con tiendas departamentales, de autoservicio y especializadas que, en ciertos casos, se ubican dentro de centros comerciales.
Sobre los protocolos y certificaciones de riesgo en las diversas plazas comerciales del Distrito Federal, mencionó que son acciones que, en lo específico, exceden las facultades legales que le han sido conferidas.
En el reporte publicado en la Gaceta Parlamentaria, precisó que en el marco de las políticas impulsadas para prevenir el delito, se han establecido vínculos con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, con el objetivo de combatir la comisión de ilícitos en agravio de las los negocios agremiados y sus clientes y contribuir a mejorar su seguridad.
Además, puntualizó que múltiples establecimientos contratan a instituciones de seguridad privada para resguardar o proteger sus instalaciones de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.
La PGJDF respondió así a un acuerdo avalado por la Cámara de Diputados, que pidió un análisis de riesgo en los diversos centros comerciales del Distrito Federal; establecer protocolos de seguridad, y certificar a cada almacén en materia de seguridad.
Los diputados destacaron la necesidad de que el gobierno de la ciudad norme y haga obligatorio el Acuerdo de Acciones de Seguridad con Centros y Plazas Comerciales, y realice un trabajo conjunto con los propietarios de esos lugares, puesto que ofertan bienes y servicios que, de alguna manera, constituyen “objetivos codiciados por la delincuencia”.
Pidieron hacer reconocimientos a los elementos de seguridad que arriesgan su vida para salvaguardar las de otras personas y sus bienes. De ser posible, señalaron los diputados, se les debe compensar y gratificar, sobre todo cuando no están en servicio y enfrentan a delincuentes portadores de armas de fuego con que pudieron causarle a los agentes policiales daños irreversibles.
