Al encuentro celebrado esta semana asistió una comitiva de funcionarios de ese país europeo integrada por consejeros y el embajador de Italia en México, Alessandro Busacca. También estuvieron presentes los diputados Arturo Santana Alfaro y Waldo Fernández González, del PRD.
Zambrano Grijalva señaló que México e Italia comparten preocupaciones y problemas comunes, y de ahí el interés en sostener este tipo de reuniones como la que recientemente tuvieron, dijo, con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, a fin de tratar asuntos relacionados con el crimen organizado y estrategias contra el lavado de dinero.
Estamos necesitados e interesados en diferenciar nuestra actuación, responsabilidad y convicciones”, apuntó.
Comentó que después de la crisis que enfrentó Italia en la primera mitad de los años 90, dieron un ejemplo al mundo de que sí se podía combatir al crimen organizado, aun cuando éste había logrado introducirse en un escenario de ingobernabilidad.
El otro gran problema, continuó, es el combate a la corrupción, que nos mantiene en una situación crítica. En este sentido, estamos impulsando un conjunto de iniciativas que pretenden atacar de fondo este problema que ha hundido al país en una situación de crisis ante la falta de credibilidad en las instituciones.
Así también, prosiguió, la creación de un Sistema Nacional de Anticorrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas, que tendrá como sujetos obligados a entes públicos y organismos privados.
Al mismo tiempo se tiene que atacar la desaparición forzada, la trata de personas y el lavado de dinero, por lo que es fundamental una estrategia de combate al crimen organizado.
En lo que se refiere a la confiscación de bienes, comentó que el Estado decomisa propiedades de criminales, pero pueden tardar años en hacer efectiva la incautación, y el Ejército tiene que cuidar dichos patrimonios por mucho tiempo, en lugar de que se ocupe en otras tareas que demanden su atención.
Un ejemplo de esto, mencionó, es la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del principal penal de alta seguridad del país, criminal famoso internacionalmente y considerado por la revista Forbes como uno de los diez ricos más importantes del mundo; sin embargo, el Estado le ha confiscado sólo 4 coches y una casa.
Destacó que como presidente de la Cámara de Diputados “tengo la responsabilidad y estoy obligado a representar al conjunto de la institución y, al mismo tiempo, dejar en claro que se pueden hacer bien las cosas porque nuestras sociedades reclaman cada vez más de nosotros”.
Como integrante de un partido de izquierda, enfatizó, “estamos interesados en afianzar una relación con ustedes y tener un intercambio de experiencias que nos ayude a elaborar estrategias y ser responsables y certeros porque no queremos actuar de manera irresponsable, sino contribuir al fortalecimiento de las instituciones”.
Zambrano Grijalva abundó que el proceso de transición en México ha sido lento y tortuoso, pero “vamos avanzando y hoy más que nunca estamos convencidos en que debemos dar pasos más rápidos, Por ello, es de gran importancia hacer compromisos e intercambiar experiencias tanto a nivel institucional como de fuerzas políticas e ideológicas”.
En su intervención, el ministro italiano Andrea Orlando coincidió en que es de gran importancia que los países compartan información y experiencias, ya que los Estados tienen que enfrentar, más que la globalización económica, la situación criminal. “Esa es la otra cara que se tiene que regir”, dijo.
El funcionario sostuvo que uno de los principales instrumentos de lucha contra organizaciones delictivas fue controlar el dinero y el patrimonio de los criminales. “Nosotros tenemos una importante experiencia en este campo, ya que el conjunto de bienes confiscados actualmente supera los 30 mil millones de euros, entre bienes inmuebles y dinero.
La experiencia contra la mafia italiana, enfatizó, tuvo éxito cuando comenzamos a utilizar a quienes se arrepentían por involucrarse en estos actos delictivos y tenían la confianza en colaborar con las autoridades, porque sabían que no los abandonarían en caso de represalias.
Andrea Orlando destacó que a pesar de la conducción de la derecha en el proceso democrático en Europa, “apoyamos una integración porque pensamos que hay fenómenos que ya no se pueden combatir, por lo que luchamos para construir una procuraduría que se ocupe del crimen organizado que involucra la economía y la corrupción en el continente”.
Señaló que actualmente se trabaja con el delito sobre balances falsos porque las empresas que corrompen necesitan falsificarlos para crear fondos negros. Además, se introdujo una norma sobre el autolavado de dinero que tiene que ver con quienes invierten directamente en el dinero sucio al interior de la economía.
Mencionó que para evitar las fugas de los criminales, Italia implementó un mecanismo de aislamiento del detenido, que ha sido complicado, pero es un punto de partida para evitar que la cárcel se convirtiera en el cuartel general de los criminales, como se hacía a finales de los años setentas donde los capos de organizaciones mafiosas dirigían desde la prisión.
El ministro destacó que en la lucha del crimen organizado en México, existe una falta de continuidad, ya que “las personas cambian cada dos, tres o cinco años en su administración, lo que hace difícil el seguimiento y la falta de coordinación entre los diferentes sujetos que hacen las averiguaciones”.
En su intervención, el diputado Arturo Santana Alfaro abordó el tema del aislamiento de los criminales en Italia y preguntó cómo se lleva a cabo. “Nosotros hemos planteado sistemas para que los centros de reclusión sean de máxima seguridad, pero un aislamiento podría interpretarse como un asunto de derechos humanos”.
A su vez, el diputado Waldo Fernández González solicitó saber cómo se realizan los procedimientos para que los recursos y propiedades de los criminales pasen a propiedad del Estado y, en su caso, éstos se apliquen en el mismo combate a la delincuencia organizada.
En ese orden, el funcionario italiano respondió que en el caso del aislamiento de los criminales, la Constitución prevé una pena que corresponda con un sentido humanitario y de rehabilitación; otra evaluación la dicta el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, la cual debe tratar una normatividad excepcional, donde recomienda que no haya violaciones a los derechos del individuo ni infracción ulterior.
El objetivo de este tipo de intervenciones, agregó, es impedir las relaciones entre internos y externos, pero sólo hasta que exista peligro de agresión de estas organizaciones criminales a la comunidad y al Estado.
“Esta interrupción de limitaciones está justificada constitucionalmente, en tanto, nosotros aseguramos condiciones materiales, quizás mejores que las que damos a los demás reos”.
En cuanto a los bienes decomisados, declaró que primero se asigna a un administrador judicial y si el procedimiento está bien fundamentado pasa a la confiscación y la propiedad a la agencia nacional para los bienes incautados.
La venta de esos bienes o el uso de ese dinero, informó, alimenta un fondo que sirve para financiar 50 por ciento los gastos del ministerio de Justicia y 50 por ciento al ministerio del Interior o de Gobernación. Una parte de esos bienes no se venden, sino se asignan a asociaciones, cooperativas y entes locales para usos públicos.
Este mecanismo puede basarse en la peligrosidad del propietario de ese bien, si no demuestra con base en sus ingresos cómo puede ser dueño de un bien de esa dimensión.
