El fin, explicó, es garantizar un presupuesto suficiente para que el Programa de Atención a Conflictos Agrarios dé los resultados esperados, así como para la profesionalización de la defensoría encargada de la representación de afectados durante los litigios del campo.
Serrano Lora lamentó la falta de interés en el campo mexicano, lo cual ha provocado, además de su desaprovechamiento, que hasta el 40 por ciento de lo que se consume en México venga de otros países.
Sostuvo que el agro se encuentra abandonado, por lo que, agregó, es necesario evitar el despilfarro de recursos en otros asuntos que no son relevantes.
“Sí hay dinero, y de sobra, pero sabemos la forma en cómo se desvía”, puntualizó el legislador.
El diputado Óscar García Barrón (PRI) dijo que los más de mil millones de pesos que se piden para tribunales agrarios son “una cantidad irrisoria”, frente al trabajo que se les acumula. “En los tribunales, los archivos están en el suelo porque no hay donde tenerlos, ni existe forma de dar seguimiento a las resoluciones”, indicó.
Pidió cuestionar a estos órganos de impartición de justicia acerca del por qué de este rezago, y subrayó que existe registro de cientos de conflictos agrarios con 40 o 50 de antigüedad; además, hay falta de abogados frente a las más de 32 mil unidades de producción agraria en el país.
Llamó a trabajar para dar a los propietarios la certeza en la tenencia de sus tierras, que son su patrimonio.
Del PVEM, el diputado Juan Antonio Meléndez Ortega aseguró que a este paso, tomaría 300 años pagar los costos de conflictos agrarios. “Debemos ver la manera de que haya más recursos para estos puntos; hay gente que espera hasta después de 80 años que ha durado el conflicto”, manifestó.
El diputado Héctor Barrera Marmolejo (PAN) reconoció que existe desagrado por la situación que padecen agricultores y sus familias ya que, dijo, frente al intermediario y el consumidor, son la parte menos beneficiada en la economía.
También del PAN, el diputado René Mandujano Tinajero pidió acelerar el proceso para que el “adendum” llegue a manos de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Moisés Guerra Mota, reconoció que en ocasiones los campesinos no sacan las ganancias necesarias, ni siquiera para cubrir los gastos de producción.
Agregó que, además de solicitar un aumento al presupuesto para los tribunales agrarios, se les pida resultados en su labor.
Posteriormente, la comisión aprobó su plan de trabajo, entre cuyos objetivos está elaborar un marco jurídico agrario conforme a las nuevas políticas y necesidades del campo, además de evaluar los programas y resultados de las dependencias del gobierno enfocadas al sector.
