Desde su creación el 17 de diciembre de 1979 en Chiapas, como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas, los maestros de la CNTE y sus dirigentes nunca habían sido encarcelados formalmente por ninguno de sus muchos delitos.
A lo largo de estos casi ya 36 años estos dirigentes y maestros gozaron de una amplia impunidad que los llevaron a cometer toda clase de tropelías y violaciones sin el temor de rendir cuentas a ninguna autoridad.
Bajo ese amparo no pocos de ellos enriquecieron sin medida bajo el más arrogante ejercicio de una abierta delincuencia organizada que fue siempre solapada por el poder en turno.
Ejemplos de eso hay muchos. En Oaxaca, por ejemplo, no hay líder de la 22 que no se haya hecho rico ya sea operando el sindicato o como director del IEPO, recientemente desaparecido por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Todos en México vimos a través de fotos y videos, o transmisiones directas de la TV, cómo los de la CNTE destrozaron inmuebles, abusaron de los ciudadanos e impusieron temor desde su larga toma del Zócalo de la Ciudad de México, hasta sus asaltos a carreteras y casetas de autopistas, o a instalaciones de legislativas, de gobierno y partidos en Guerrero y Oaxaca bajo el pretexto de su lucha contra la reforma educativa.
Y ahora que comienzan a ser detenidos por la autoridad por esos delitos y daños, alegan que se está criminalizando su movimiento de protesta.
La PGR admite que ha iniciado acción penal contra 4 de estos, y que existen cerca de una treintena más de órdenes de aprehensión que ejecutará conforme se presente esa oportunidad contra otros tantos dirigentes o miembros de la CNTE.
De acuerdo a esta determinación, el nuevo gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles ha informado que tan sólo su propia procuraduría tiene elementos para actuar contra otros tantos maestros y dirigentes de su sección magisterial, que pertenece a la CNTE.
Otro perredista, Jesús Zambrano, ahora presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, exguerrillero de la Liga 23 de Septiembre, le entra al tema y dice que ciertamente los maestros de la CNTE tienen todo el derecho de manifestarse… “sí, nada más que el derecho a la manifestación tiene también sus límites en la no afectación a terceros y en la no violación de la ley.
“Si la ley se viola… pues se tiene que aplicar. No puede ser que al amparo de la indiscutible libertad para manifestarse, para expresar una protesta, un punto de vista determinado, que al amparo de ello se cometan actos ilegales: como quema de vehículos, autobuses, o daños a instalaciones; tiene que derivarse de ello una denuncia de carácter penal y, si se denuncia, pues tiene que ejercitarse.
“¿Qué es lo que tanto reclama un amplísimo sector de la sociedad, particularmente las organizaciones que están preocupadas por el combate a la delincuencia? El que la gran mayoría, más del 90 por ciento de las acciones penales que se empiezan a ejercer para castigar a alguien, simplemente terminan con no ejecutarse, con no hacerse.
“Entonces, no es, por otro lado, como algunos le han llamado la ‘pretensión de criminalizar la protesta social’, desde mi punto de vista; que como bien lo dijo Silvano y yo lo suscribo, que se atengan a las consecuencias. Si quieren cometer actos ilegales, pues que se atengan a las consecuencias.
“Pero no podemos seguir manteniendo la estabilidad del país y, particularmente, de estados como Michoacán, en vilo, o como en Oaxaca, pues en Oaxaca se tomó una decisión muy valiente, con mucha determinación por parte del gobernador Gabino Cué y del Gobierno Federal, cuando se dio el paso de lo del IEEPO y ahí está funcionando, con esencial regularidad, el sistema educativo oaxaqueño”, indicó.
Sin embargo Zambrano dice no estar de acuerdo con los delitos imputados a los de la CNTE.
“Yo digo que la ley debe de aplicarse. Yo no voy a meterme a ver las acciones concretas, específicas, ya he dicho que no comparto por ejemplo, las acusaciones que se les hacen y mucho menos las decisiones de enviar a dirigentes disidentes del magisterio y pertenecientes a la CNTE, al penal de alta seguridad de Almoloya y acusándolos de motín y de sedición; es el regreso ahí sí, el regreso al manejo de un lenguaje político contra determinados actos que tienen una motivación de diferencia social, de diferencia -que yo no comparto desde la perspectiva de la CNTE- de condena a la Reforma Educativa.
“Creo, incluso, que la Reforma Educativa tiene que profundizarse, tiene que continuar y profundizarse con la construcción de un nuevo modelo educativo nacional”.
SE RAJÓ
Si el senador priísta hidalguense Omar Fayad tenía alguna posibilidad de ser gobernador de su estado, ya bailó. Todo por presentar una iniciativa que pretendía, dijo, crear la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos que todos inmediatamente vieron como un intento para criminalizar las críticas de los ciudadanos vía redes sociales y limitar el uso de Internet.
Yo sigo pensando que Fayad presentó su iniciativa como una estrategia para reposicionarse con miras a competir por la candidatura del PRI a la gubernatura de Hidalgo, donde el senador David Penchyna y la diputada Carolina Viggiano le llevan la delantera.
Sabía Fayad que iba a generar reacciones y desde siempre estuvo dispuesto a retirar su propuesta, pero nunca se imaginó que su iniciativa iba a afectar al PRI y al Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Y es que las reacciones contra la llamada Ley Fayad se atribuyeron de inmediato a un intento del PRI y de Peña Nieto para limitar y censurar y hasta criminalizar la crítica por Internet y por redes sociales.
Fue tan dura la reacción que Fayad tuvo llamadas de todas las alturas de su mundo tricolor exigiéndole retirar de inmediato su iniciativa y olvidarse de querer establecer límites al Internet.
Ahora el PRI y Peña Nieto deberán hacer una campaña de corrección para desligarse de lo hecho por Fayad.
Por lo pronto el senador hidalguense ya solicitó al Senado retirar su iniciativa y olvidar que algún día pensó en promover la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos.
EL VALOR DE LA PREVENCIÓN
Al inaugurar, la Quinta Conferencia Internacional sobre la Observación de la Criminalidad y el Análisis Criminal, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que la prevención social representa la piedra angular de la política de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto.
Prevenir evita el uso de la fuerza y promueve la solución pacífica de conflictos al tiempo que fortalece la cultura de la legalidad, a través de la participación social, indicó.
La prevención requiere de un esfuerzo conjunto gobierno-sociedad cuyos beneficios se multiplican en la disminución de la inseguridad urbana y el fortalecimiento del tejido social, señaló.
Consideró que no basta con desarticular a los grupos delictivos y con tener más y mejores policías.
“Estamos convencidos que los resultados de fondo están en la construcción de ciudadanía y en la fuerza de comunidades más unidas”, precisó.
Cuando la comunidad participa, la legalidad se arraiga y la seguridad perdura.
Osorio Chong destacó que en los últimos tres años, se han invertido más de 7 mil 700 millones de pesos en las localidades donde se concentra el 50 por ciento de los delitos.
Son, explicó, demarcaciones prioritarias de 102 municipios donde habitan casi cinco millones de personas que hoy tienen acceso a mejores espacios públicos, actividades culturales, deportivas y productivas.
