Plantearon la constitución de un padrón y datos abiertos de los beneficiados de los programas sociales; liberar el salario mínimo y cambiar la forma en que se decreta cada año; invertir la ganancia cambiaria; reducir privilegios de los actores políticos; garantizar el derecho a la salud para todos, y concluir el ciclo de reformas destinadas a combatir la corrupción.
En la mesa de diálogo “Desigualdad y pobreza: Los problemas que debe atender el presupuesto 2016”, celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, Zambrano Grijalva precisó que para avanzar en estas problemáticas, se requiere de voluntad política, que “es esencial y condición básica para poder construir acuerdos”.
Recordó que, en su momento, el “denostado Pacto por México” puso por delante o tuvo como condición la voluntad política para construir acuerdos y, por encima de las diferencias que había, “pusimos por delante las coincidencias esenciales, en qué podíamos coincidir y qué era necesario hacer, y hoy tenemos estos retos indiscutiblemente”.
Sin embargo, dijo, se requiere el acompañamiento del Ejecutivo y gobierno federales porque, particularmente todo lo que tiene que ver con la configuración del Paquete Económico, es una responsabilidad compartida, aunque la última palabra “la tenemos los legisladores; una compartida con el Senado, en lo referente a los Ingresos y otra, exclusiva de la Cámara de Diputados, sobre el Presupuesto, y ahí es donde radica una parte fundamental de nuestra responsabilidad”.
Jesús Zambrano puntualizó que en esta materia se debe asumir que hay una bolsa única. “La cobija es de un solo tamaño y si le jalas para un lado, entonces tienes que cuidar que no se te descuadre del otro, y es en donde tienen que entrar a cuadrar finalmente los números y las decisiones que se tomen”, aclaró.
Hizo votos para que el documento que entregaron las organizaciones no sólo se distribuya a los distintos grupos parlamentarios, sino también a las comisiones, así como al titular del Ejecutivo federal.
Sobre la desindexación del salario mínimo y su desvinculación de otros ordenamientos legales, aclaró que se vislumbran dos mil 438 ordenamientos legales a nivel federal y local que están vinculados. “Hay que empezar por algo y estimamos nosotros que urgentemente esto ya no debiera dejarse de lado y atacarse, enfrentarse de manera directa”.
De igual modo, mencionó, se debe avanzar rápidamente en la construcción del andamiaje anticorrupción, de transparencia y de rendición de cuentas. “Hagamos todo lo posible por evitar llegar hasta el plazo último -que es el mes de mayo- y sacarlo lo más pronto posible”, expresó.
El diputado Zambrano Grijalva dijo que hay otros temas que tendrán que revisarse. “Por eso digo que el envío del documento al Ejecutivo federal es muy importante porque, efectivamente, lo que plantean de invertir la ganancia cambiaria general, por la compraventa en distintos momentos de dólares por el Banco de México, ya salió hasta del Senado el pasado 28 de octubre, y lo que hay que ver, en todo caso, es qué modificación –si hubiera la voluntad y la decisión de hacerlo- se puede lograr”.
Respecto a tener un padrón y datos abiertos, comentó que nadie diría que no, y más en estos tiempos del reclamo de la transparencia y de todo lo que se requiera para evitar desvío de recursos a otros fines que no sean aquellos para los que están etiquetados.
Puntualizó que en el tema de “reducir privilegios de actores políticos”, están ya planteadas distintas iniciativas de diversos grupos parlamentarios con la misma preocupación esencial y de distintas maneras, pero con el mismo propósito: “Poner tope a los sueldos de los altos funcionarios públicos”.
El diputado recordó que hace algunas semanas presentó una iniciativa reglamentaria del 127 de la Constitución, para “poner coto a los salarios máximos, y estamos trabajando en lo del salario mínimo, poner topes, y ahí está en espera de ser discutida. Pero hay una disposición, ojalá lo concretemos pronto”.
Relató que el tema “garantizar el derecho a la salud para todos”, en su momento estuvo planteado como uno de los asuntos importantísimos de lo que fue el Pacto por México, y “yo creo que hay que retomarlo, porque ahí fue donde se manifestaron también voluntades expresas al respecto, y habrá que ver cómo lo aterrizamos hoy y cómo iniciamos un camino en este sentido”.
A su vez, el presidente de la Jucopo, diputado César Camacho señaló que las reformas en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la impunidad y abatimiento de la corrupción son una obligación legal. Hizo el compromiso de ir hasta adelante para concretarlas, “no sólo en tiempo y forma, sino hacerlo bien”, y pidió: “dennos oportunidad de hacerlo con la opinión de ustedes”.
El devenir de la política mexicana, dijo, obliga a tener un Poder Legislativo potente, que quizás deba fiscalizar, equilibrar, contrastar y cogobernar. “Estoy seguro que los tiempos que corren le imprimirá también mayor calidad al ejercicio democrático; en consecuencia, hay que hacerlo”.
Consideró que se debe poner en funcionamiento el Sistema Infomex para que toda persona pueda solicitar cualquier tipo de información y obligar a las autoridades a entregarla de manera oportuna. Además, a las obligaciones de todos los sujetos de la ley, hay que adicionar a esta Cámara de Diputados y a los grupos parlamentarios.
El legislador refirió que se trabaja con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para revisar y actualizar la norma de transparencia y control de los recursos financieros asignados a los grupos parlamentarios para conservar la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto; los lineamientos para la administración y control de los recursos de la Cámara, y tener claridad respecto del personal que labora.
También se impulsa una norma de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Cámara de Diputados, así como un reglamento de obras públicas y servicios relacionados para incluir a los grupos parlamentarios, entre otras reformas.
El coordinador del grupo parlamentario del PRD, diputado Francisco Martínez Neri, señaló que las propuestas de las organizaciones son asequibles. “No se está planteando nada más allá de lo posible y realizable; muchos aspectos se pueden concretar”, afirmó.
Indicó que conociendo la realidad social que vive el país, se debe hacer un esfuerzo y compromiso grande. “Es posible que podamos modificar en periodos cortos la realidad social de México, si tomamos decisiones prontas, oportunas y eficaces”.
Sostuvo que su fracción parlamentaria está en la mejor disposición de seguir trabajando para impulsar estas propuestas. “Me parece posible y realizable. Ponemos la disposición y voluntad del PRD para continuar trabajando en estos pronunciamientos y concretarlos en un breve tiempo”.
La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ernestina Godoy Ramos (Morena), expresó que la pobreza es un tema que lacera al país, pues “parece que no hay políticas públicas encaminadas, ya no a desaparecerla, sino a disminuirla”.
Calificó como trascendentales estas propuestas, en particular, sobre los padrones sociales únicos, transparentes, que eviten el uso clientelar; la liberación del salario mínimo, pero desafortunadamente, al discutir el paquete económico “sólo Morena votó en contra del destino de los remanentes del Banco de México; subimos reservas para darle otro destino, pero no fue posible”.
Sobre la reducción de los privilegios a los actores políticos, destacó que hay una propuesta sobre una Ley de Austeridad, no sólo en el Ejecutivo sino en el Legislativo, y con la cual se estarían ahorrando 400 mil millones de pesos que servirán para el desarrollo del país. “Total coincidencia con ustedes, no vamos a quitar el dedo del renglón en la austeridad, la transparencia y esperamos haya consensos”, pidió.
Javier Antonio Neblina Vega, diputado del PAN, sostuvo que de cara al análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, este encuentro abona a combatir la pobreza y desigualdad, “las cuales han sido un grave daño para México; vamos a trabajar estas propuestas y llevar a cabo acciones para lograr una mejoría; son posibles los planteamientos”.
La diputada Cecilia Soto González (PRD) denunció que la LXII Legislatura dejó pendiente el cumplimiento estricto de lo mandatado por el artículo décimo tercero de la Ley Anticorrupción, “que obliga a esta Cámara a hacer una hoja de ruta de las reformas internas que se necesitan emprender para cumplir de manera rigurosa con este mandato que exige la sociedad mexicana”.
Al leer el documento a nombre de un grupo de más de 60 organizaciones de la vida social, cívica, pública y cultural del país, Mauricio Merino, integrante del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, precisó que la desigualdad y la pobreza no pueden seguir siendo los problemas que algún día se resolverán como resultado de las reformas estructurales.
Indicó que ante su persistencia por falta de movilidad social, es imperante actuar de inmediato, con visión de futuro. “Creemos que ha llegado la hora de cambiar las prioridades, instalar un punto de inflexión en el Presupuesto, y emitir un mensaje real, material, de solidaridad y de cohesión social, como el que urge a la nación”.
La iniciativa presupuestal enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirmó, no está construida con la lógica de enfrentar estas problemáticas, ya que no ubica a la pobreza ni a la desigualdad como su prioridad.
“Se deben colocar en el centro de la confección presupuestal, y enfrentar a fondo, la pobreza y la desigualdad”, toda vez que datos del INEGI y CONEVAL han mostrado que en los últimos años la pobreza creció y el ingreso de los mexicanos disminuyó.
Mauricio Merino detalló que para trascender los enfoques clientelistas y el uso electoral de los programas sociales, el primer paso es generar información transparente del destino de los recursos de los programas y dar el paso definitivo para contar con un padrón único, nacional, de beneficiarios como lo establece la Ley General de Desarrollo Social.
Se debe, dijo, contribuir al aumento del ingreso de los trabajadores más pobres del país, casi tres millones en el sector formal, más otros cuatro en el informal; por ello, propuso, esta Cámara debe aprobar de inmediato la minuta aprobada por el Senado para desindexar el salario mínimo.
Adelantó que este grupo de organizaciones solicitará a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijar para 2016 el ingreso mínimo en 87 pesos. “Es una medida posible, con nuestra estructura productiva y en estas condiciones macroeconómicas”, afirmó.
De igual modo, expresó que para promover la inversión productiva en las zonas de mayor rezago social y una vez aprobadas las medidas de transparencia y rendición de cuentas que aprobó el Senado de la República en la Ley de Ingresos, resulta indispensable revisar la propuesta de la Secretaría de Hacienda que mandata que las ganancias cambiarias del Banco de México se destinen en un cien por ciento al pago anticipado de deuda.
“La intención de pagar deuda anticipada carece de racionalidad económica. El pago anticipado con intereses bajos no es racional, ni eficiente, ni recomendable. No estamos proponiendo no pagarla, estamos planteando no sufragarla anticipadamente con los recursos extraordinarios generados por la ganancia cambiaria obtenida por el Banco de México. Se requiere reformar la propuesta”, abundó.
Mauricio Merino planteó reducir las prerrogativas de los actores políticos y destinar esos recursos a programas de impacto social. Para ello, se requiere una reforma al artículo 41, fracción II, inciso a) de la Constitución Política en la que se establezca que el financiamiento público a los partidos políticos se fije multiplicando la nueva unidad de medición y actualización por el número total de votos válidos de la elección anterior.
Además, se busca adicionar en el artículo 17 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación la estricta prohibición de pagos extraordinarios de cualquier índole a los mandos superiores de todas las entidades de gobierno y públicas: aguinaldos superiores a 40 días, bonos extraordinarios, compensaciones por desempeño, fondos de gestión y otros pagos diferentes al salario. Las prestaciones regulares del conjunto de la administración pública deben ser erradicados en un contexto de tanta pobreza y tal desigualdad en México, subrayó.
“Los recursos liberados por estas reformas se pueden destinar a inversiones de gran impacto social, como la cobertura en salud y la mejora de la infraestructura de las escuelas, especialmente aquellas que carecen de baños, agua potable, salones y equipamiento mínimo, como lo ha documentado el censo escolar reciente”, apuntó.
Relató que es necesario iniciar la construcción de un “piso” de derechos sociales básicos para toda la población. Un primer paso, explicó, es promover el logro de la cobertura universal de salud para toda la población, en los próximos tres años, pues de acuerdo con el CONEVAL aún hay 20 millones de compatriotas, 18 por ciento de la población, que no tiene acceso a estos servicios.
Mencionó que nada podrá lograrse mientras el país siga atado a un marco jurídico y organizacional que ha tolerado la apropiación y la desviación de los recursos públicos, sin oponer una política nacional de rendición de cuentas, capaz de garantizar que los programas presupuestarios cumplan con sus cometidos, que no sean utilizados para otros fines que los establecidos por la representación popular, que se ejerzan con transparencia, sin excusas ni pretextos y que anulen la impunidad ante los hechos de corrupción.
“Es urgente que las y los legisladores mexicanos respondan al justificado agravio que tiene la sociedad mexicana en esta materia. Ningún mandato público podrá cumplirse a cabalidad, mientras la corrupción y la impunidad sigan medrando sobre el uso de los dineros y las atribuciones públicas”, añadió.
Enrique Provencio, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, calificó como inadecuada la medida de destinar los remanentes de operación del Banco de México al pago anticipado de la deuda. Esta situación, afirmó, “contribuirá a mantener a México en un muy bajo crecimiento económico; debieron haberse destinado a inversiones y gastos productivos; estos remanentes eran una oportunidad para compensar la reducción presupuestal derivada de los ingresos del petróleo”.
La directora general de “México Evalúa”, Edna Jaime, solicitó a la Cámara de Diputados analizar el tema sobre control del gasto público. “Estamos en medio de un proceso de reformas muy importantes, pero todos estos esfuerzos serán incompletos, si el Legislativo no asume su rol de control del ejercicio del gasto público. Sigue siendo débil la vigilancia, pues el Ejecutivo acaba ejerciéndolo de manera muy distinta a lo que el Congreso aprueba. No hay seguimiento en tiempo real”.
Enrique Cárdenas, del Centro de Estudios “Espinosa Yglesias”, puntualizó que “son las mismas personas, generación tras generación, las que viven en pobreza”, situación que hace más preocupante y complicado este asunto, así como más urgente su solución. Afirmó que sí es muy factible acabar con la pobreza extrema en tres años, y sostuvo que se requiere cuidar mucho el Seguro Popular, ya que es tema central.
De la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA), Maite Azuela hizo votos para que desde la ley se planten modificaciones sobre los recursos públicos que reciben los partidos políticos, para que no estén atados al padrón electoral ni al salario mínimo. “Estos son los que menos credibilidad tienen como instituciones ante la ciudadanía”, puntualizó.
El documento leído por Mauricio Merino lo encabezan las organizaciones “Sociedad en Movimiento”, “Acción Ciudadana frente a la Pobreza” y el “Instituto de Estudios para la Transición Democrática”.
