Al llevarse a cabo, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el foro Internacional Mujeres en Reclusión, las participantes aseguraron que las indiciadas ven violentados sus derechos dentro de los centros penitenciarios por la falta de una infraestructura adecuada, y políticas públicas especializadas para su atención, principalmente de quienes son madres.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), indicó que día a día se incrementa el número de mujeres en reclusión por delitos del fuero federal y común, cuya infraestructura, organización funcionamiento y políticas no están adaptados a las necesidades de este sector.
Al considerar que las mujeres no deben ser invisibles, aun y cuando representen el cinco por ciento del total de la población reclusa, pugnó por atender las recomendaciones internacionales que les aseguren el cumplimiento de sus derechos humanos.
La LXIII Legislatura trascenderá por sus acciones en beneficio de las mexicanas, pues en este tema quedan muchos pendientes, como revisiones, políticas internas de cada centro penitenciario, el hacinamiento, etcétera.
Expresó que el foro permitirá conocer la situación de las mujeres en reclusión en México y en América Latina, y los temas pendientes en materia de legislación y políticas públicas bajo una perspectiva de género, para garantizar que estas mujeres, así como sus hijos, tengan pleno respeto de sus derechos humanos.
La titular de Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, indicó que el sistema de justicia es más severo con las mujeres, por estereotipos de género. Muchas de ellas vienen de ser violentadas, “víctimas de violencia institucional disfrazada de justicia, y recae sobre ellas todo el peso de la ley, pero también de una cultura patriarcal que las discrimina, les otorga roles sociales rígidos y de entrada las culpabiliza y criminaliza”.
Señaló que los juzgadores actúan bajo una errónea conceptualización de cómo debe ser el comportamiento de las mujeres, lo que provoca prejuicios iniciales; no fueron formados en el marco de los derechos humanos, agregó, les cuesta trabajo insertar la perspectiva de género en su actuar, ignoran las cadenas de acontecimientos y situaciones que las llevaron a prisión y juzgan los delitos “con extraña pseudo-objetividad, lo que termina discriminándolas y perjudicándolas”.
Aseguró que existen casos de mujeres que pasan años encarceladas sin siquiera conocer la razón de su situación, las cuales, en algunos casos prefieren que sus hijos no conozcan cuál es su paradero, además que tienen una historia de violencia de género detrás de ellas y “han sido abandonadas por los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.
“La mitad de estas mujeres está en calidad de procesadas y encarceladas sin haber sido declaradas culpables cuando podrían cumplir sanciones alternativas, pues la gran mayoría no tiene antecedentes penales”.
La funcionaria, quien inauguró el foro, consideró necesario trabajar caso por caso de cada uno de los hijos de las reclusas para que sean identificados ya que “ellos no son culpables de ningún delito”.
Se manifestó por que de este evento deben salir ideas y compromisos para unirse los tres ámbitos de gobierno, y generar sinergias que mejoren la situación de las mujeres reclusas en este tipo de centros de retención.
La diputada Erika Rodríguez Hernández (PRI), secretaria de la Comisión, precisó que en los 70 centros penitenciarios de población mixta y 11 exclusivos para mujeres, existen seis mil 885 presas sin condena.
En 2014 existían 250 mil personas presas, de las cuales el 5 por ciento son mujeres, es decir, más de 12 mil. “De las mujeres en prisión, nueve mil 529 son por delitos del fuero común, cinco mil 19 se encuentran bajo proceso y cuatro mil 510 están sentenciadas, mientras que las restantes tres mil 161 pertenecen al fuero federal, mil 866 están bajo proceso y mil 295 cuentan con sentencia.
Señaló que usualmente son cómplices de delitos, principalmente bajo el engaño de sus parejas y/o acusadas injustamente por parentescos familiares, situación que se agudiza en caso de indígenas y adultas mayores debido a que son “triplemente marginadas y discriminadas”, enfrentándose a un sistema de justicia indolente e insensible, en condiciones de desigualdad por su condición étnica o de edad y con la ausencia de una representación jurídica para su defensa.
“Por amor, pobreza o ignorancia cometieron un delito que las marca para toda su vida lo que, aunado al proceso penal bajo el que se encuentran o una condena, pierden sus vínculos familiares y viven la peor discriminación y marginación por parte de sus seres queridos, además de que se agudiza el deterioro económico”, enfatizó Rodríguez Hernández.
La abogada general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Erika Marcela López Vargas, aseguró que los derechos fundamentales de las mujeres son violentados dentro de los centros de reclusión, los cuales han sido expuestos gracias a investigaciones académicas y periodísticas, revelando irregularidades cometidas en estos lugares.
La sociedad en que se relacionan las lleva a cometer algunos delitos por obtener algún tipo de beneficio. “La coerción de parte de sus parejas y el maltrato familiar orillan en muchas ocasiones a las mujeres a buscar sustento económico y protección por parte de grupos criminales”
Subrayó que las mujeres son doblemente victimizadas y sufren de circunstancias inadecuadas de salud, al no contar con condiciones equiparables a los hombres en situación de reclusión; muchas de ellas se encuentran embarazadas, carecen de un trato específico en el caso de contar con hijos, ya sea fuera o dentro del centro penitenciario.
Llamó a las autoridades a tomar en cuenta las recomendaciones tanto por organismos internacionales, como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la materia.
A nombre de la organización civil “Equis Justicia para las Mujeres”, su directora ejecutiva Ana Pecova, informó que hay un incremento alarmante de mujeres en la cárcel por delitos contra la salud de más de 100 por ciento, contra el 40 por ciento en el caso de los hombres.
Además, cada día más mujeres se involucran en este tipo de delitos que son mayormente perseguidos y prevalece un sobreuso de prisión preventiva, como respuesta inmediata en lugar de que sea el último recurso.
“Hay penas desproporcionadas, más de 50 por ciento de las acusadas por delitos contra la salud son procesadas por un delito del fuero federal, lo que conlleva sentencias de 10 o más años, sin posibilidad de que paguen de otro modo, sin considerar alternativas al encarcelamiento”, indicó.
Más de 50 por ciento de las mujeres presas están en espera de sentencia; 78 por ciento de las reclusas por estos crímenes tienen entre 18 y 40 años; 98 por ciento no tiene antecedentes penales.
“Son responsables de delitos no violentos; mayoritariamente pobres; niveles inconclusos de educación primaria o secundaria; tienen historias de vida marcadas por la violencia, en la mayoría de los casos violencia sexual y casi todas son madres, únicas cuidadoras de sus hijos. Asimismo, ocupan los eslabones más bajos de la cadena delictiva: son cultivadoras, recolectoras, vendedoras al menudeo, introductoras de drogas en los mismos centros de reclusión”.
