La Comisión de Reforma Agraria pidió ampliar los recursos para la atención, análisis y solución de conflictos ocasionados por la posesión y uso de tierras en núcleos y comunidades agrarias, ya que el costo para la representación legal de sujetos de derechos en la impartición de justicia asciende a un promedio de 20 mil pesos por caso.
La solicitud, que forma parte de la opinión de la comisión respecto del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, subraya la necesidad de elevar de 400 a 470 millones de pesos las asignaciones para el Programa de Atención a Conflictos Agrarios.
Este instrumento, justificó, actualmente cuenta con un registro de 424 conflictos que dada su complejidad y habiendo agotado los procedimientos jurídicos, no cuentan con opciones para resolverse y ponen en riesgo la paz social y gobernabilidad de las localidades en donde se presentan.
“Dicho programa permite el ejercicio de recursos para dividir la superficie en conflicto, compensando a ambas partes, o que la misma quede en manos de una de las partes en conflicto y la otra reciba una compensación económica”, explica el texto.
De igual forma, pide una ampliación de 159.6 millones a la Procuraduría Agraria para que tenga un techo presupuestal de mil 92.8 mdp, y no vea interrumpida su labor en la solución de conflictos, gestión administrativa y representaciones legales.
El documento precisa que actualmente el costo por la representación en asuntos de procuración de justicia tiene un costo promedio de 20 mil pesos, por lo que de no cubrirse, este servicio tendría que pagarse por los sujetos o alguna de las partes. Además, señala, la procuraduría del ramo otorgó el 90 por ciento de las representaciones legales en juicios ante el Tribunal Agrario.
Lo anterior es importante debido a que la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Energética, aprobadas en la reciente Reforma Energética, establecen la participación de la Procuraduría Agraria en la asesoría y representación legal de sujetos de derechos y en las negociaciones correspondientes cuando se vea involucrada una superficie social.
Esta situación toma mayor relevancia si se toma en cuenta que a la fecha se han identificado cuatro mil núcleos agrarios susceptibles de intervención en proyectos de desarrollo energético, en el corto y mediano plazo.
Por último, plantea incrementar a un total de mil 39 millones 65 mil 63 pesos, los recursos para Tribunales Agrarios, ya que actualmente atienden 53 mil 241 casos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.
