Dicho estudio, realizado a través de una metodología cualitativa comparada, identificó inicialmente las principales variables causales: los conflictos armados, un estado fallido, la democracia, las libertades civiles, el Producto Interno Bruto per cápita y la religión. De estos, al final desechó los dos primeros y concluyó que la religión es la causa que motiva principalmente la ejecución de actos terroristas.
Asimismo, señala que en 2013, 25 países tuvieron pérdidas humanas a causa de algún atentado terrorista. Irak concentra 35 por ciento del total de estas muertes, seguido por Afganistán con 13 por ciento.
El documento de análisis seleccionó a doce países que en los últimos años han sido objetivo de atentados terroristas o han registrado el surgimiento y crecimiento de células terroristas con presencia significativa: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Túnez, Siria, Indonesia, Irak, Noruega, Pakistán, India y Kenia.
El estudio elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo del IBD señala que, de acuerdo con estos datos, retomados de un reporte de RAND Corporation, 25 por ciento de los ataques terroristas estuvieron dirigidos a la población civil y a la propiedad, 15 por ciento al gobierno y solamente cinco por ciento a figuras e instituciones religiosas.
En el mismo sentido, de este tipo de ataques durante 2012 poco más de mil 750 fueron perpetrados a causa de una ideología o fundamentalismo religioso, mientras que sólo 500 estuvieron motivados por una ideología política.
El grupo terrorista talibán ha perpetrado el mayor número de ataques, mientras que Al Quaeda ha causado el mayor número de víctimas.
La investigación del IBD aclara que el término “terrorismo” se ha sobreutilizado y mediatizado para relacionarlo con cualquier acto violento que genera o aparenta generar terror en la sociedad.
Establece una aproximación al concepto de terrorismo y lo señala como la “creación y explotación deliberada del miedo a través de actos violentos, o como amenazas en miras de lograr una transformación política”. Además, considera que busca intimidar a un público objetivo y utilizar a la opinión pública para conseguir influencia y poder, que les permita lograr un cambio político a nivel nacional o internacional.
Añade que en la época actual el terrorismo ha registrado un incremento preocupante, y una difusión nunca antes vista. Dicho fenómeno representa un “peso” para los sistemas políticos y de gobierno que son afectados por sus efectos.
El estudio considera que el terrorismo causa impacto, en un país o en una sociedad, tanto en el capital económico, como en el capital humano.
Por otra parte, destaca que la legislación internacional permite vislumbrar con certeza lo que constituye un acto terrorista y lo que no. En ese sentido, recoge la opinión de la investigadora Patricia Olamendi, en el sentido de que el Código Penal Federal de México enfrenta un problema al establecer como actividades terroristas las actividades vandálicas u otras prácticas que afectan directamente al orden público.
La investigadora señala que, en concreto, en el artículo 139 del Código Penal Federal se integran los actos terroristas y la violencia a los servicios públicos en una misma definición.
Además, la investigación del IBD incluye definiciones del terrorismo de instancias como la organización de las Naciones Unidas (ONU), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigación (FBI), el Servicio Secreto de Inteligencia MI-6, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
