Piden senadores a SCT informe del contrato para construcción de sistema de drenaje pluvial de nuevo aeropuerto

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Senado
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Con el propósito de garantizar procesos de contratación íntegros en la construcción de la megaobra y en el contexto de “falta de transparencia y corrupción” que prevalece en el gobierno federal, los senadores solicitaron también a la Secretaría de la Función Pública (SFP) información sobre los contratos con que ha sido beneficiado ese grupo constructor en la actual administración.

“Recientemente se anunció que dos filiales del consorcio Grupo Hycsa -Calzada Construcciones (CALCO) y Construcciones y Dragados del Sureste (CYDSSA)-, ganaron el contrato para construir el sistema de drenaje pluvial temporal del NAICM, que protegerá las obras de posibles inundaciones.

“Valuado en 222 millones de pesos, se trata de uno de los contratos más importantes otorgados hasta ahora por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), responsable del proyecto”, se destaca en un punto de acuerdo presentado por los senadores.

El director general y dueño del 99 por ciento de las acciones de CALCO, se añade en el texto, es Alejandro Calzada Prats, hijo del ex diputado federal priista y actual dirigente del tricolor en Tabasco, Feliciano Calzada Patrón, quien es dueño del uno por ciento restante.

“Para el drenaje del NAICM, Hycsa se impuso a consorcios con mayor trayectoria como ICA, Prodemex, Carso, Coconal y la firma española Acciona Infraestructuras. Esta última presentó la oferta económica más baja con 208.8 millones de pesos, pero quedó en tercer lugar, debido al bajo puntaje de su oferta técnica”, advirtieron los senadores.

Desde septiembre de 2014, fecha en que fue anunciado el megaproyecto, los legisladores resaltaron que el NAICM ha otorgado contratos por más de 5 mil 300 millones de pesos, de los cuales el 80 por ciento han sido adjudicados sin concurso y el resto fue adjudicado por medio de licitación pública e invitación a tres participantes.

Dentro de los primeros se encuentra el contrato con la empresa estadounidense Parsons International para que se hiciera cargo de la gerencia del proyecto, proceso que fue cuestionado por haber sido una adjudicación directa y no una licitación, situación que para las autoridades no mereció explicación alguna a pesar de que también se señaló que dicha empresa contaba con información privilegiada, expresaron.

“Lo anterior se desprende de la relación que Parsons tiene con cuatro ex funcionarios públicos, tres de los cuales participaron en el Comité Honorario de Expertos que evaluó los diseños arquitectónicos para la construcción del NAICM.

“Estos funcionarios son: el ex director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub; el ex subsecretario de Transportes de la SCT, Aarón Dychter y Felipe Ochoa.

“Asimismo, también participa en la firma el ex gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo González, quien además de ser tío del presidente Enrique Peña Nieto, es padre de Alfredo del Mazo Maza, quien fungió como titular de Banobras, institución que administra los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadim), con que se pagarán los servicios de Parsons International”, aseguraron.

Los senadores indicaron que los procesos de contratación enfrentan un alto riesgo de ser corrompidos por los elevados montos de recursos y los intereses económicos que están en juego, junto con una continua interacción entre los sectores público y privado, por lo que dijeron que estarán vigilantes para evitarlo.

Por ello, manifestaron que velarán por la aplicación del Artículo 134 de la Constitución para que el Estado adquiera productos y servicios en las mejores condiciones disponibles en términos de precio-calidad y se garantice a los competidores un proceso transparente en las contrataciones públicas.

El punto de acuerdo fue presentado por los senadores panistas Marcela Torres, Silvia Garza, Víctor Hermosillo, Francisco Búrquez, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo, Martín Orozco, Daniel Ávila y Javier Corral.

La propuesta que contó con el respaldo de senadores de otros partidos, fue turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su estudio y dictamen correspondiente.