En tal sentido, se pronunció por avanzar durante el actual periodo ordinario en la integración del Sistema Nacional Anticorrupción y todos sus componentes, “sin apresuramientos, pero sí con la urgencia que el país nos reclama”.
Al encabezar la instalación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Zambrano Grijalva consideró necesario dar más facultades a la ASF, al INAI y al Tribunal Fiscal y Administrativo de la Federación, y armonizar sus funciones sin crear un “Frankenstein legal”, para que las normas de rendición de cuentas sean aplicables, exigibles y ningún funcionario o sujeto obligado pueda evadirlas.
Dicha tarea, dijo, debe hacerse de la mano con la sociedad civil que en los últimos años se ha preocupado por hacer propuestas a los legisladores para avanzar en la materia. Si en este esfuerzo confluyen tanto las instituciones como la ciudadanía, dijo, “se avanzará para alcanzar un entramado armónico”.
También se pronunció por dar facultades dictaminadoras a la Comisión de Vigilancia de la ASF, pues, dijo, es contradictorio que no las tenga para incidir en modificaciones legales encaminadas a mejorar las acciones de transparencia y rendición de cuentas.
Este órgano legislativo, enfatizó Zambrano, debe hermanar sus esfuerzos con los de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, “lo cual requiere de una reforma a nuestros ordenamientos legales y analizar la conveniencia de ello”.
Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), propuso a la Cámara de Diputados trabajar conjuntamente para generar una agenda legislativa amplia, que incluya las propuestas de reforma que presentará la institución fiscalizadora en el Informe de la Cuenta Pública 2014, que será entregado en febrero del próximo año.
El objetivo es coadyuvar a una mejor gestión de los entes auditados y, alcanzar mayor transparencia y rendición de cuentas, a fin de solucionar problemas estructurales, incentivos y el andamiaje legal que rige a los servidores públicos.
Destacó un componente significativo de las funciones de la ASF con el proceso de construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, como una oportunidad para recobrar la credibilidad de la ciudadanía.
Portal Martínez refrendó el compromiso de la Auditoría con el Poder Legislativo para ofrecer un servicio confiable, de calidad, honesto, objetivo y oportuno que contribuya con el trabajo parlamentario. Por ello, es “fundamental mantener separados los carriles técnico y político de la fiscalización, sean útiles para la labor legislativa que desempeñan, y se reflejen en una comunicación fluida y reuniones bien enfocadas con resultados concretos”, afirmó.
Expresó la disposición a convertir la interacción con la Cámara de Diputados en un factor positivo que coadyuve a mejorar la gestión pública en México. Precisó que la ASF ha aumentado su alcance de fiscalización; por ejemplo, dijo, el número de auditorías de la Cuenta Pública 2002 fue de 312, y para 2014, se tienen en proceso mil 661.
Adelantó que la presentación de la auditoría sobre la Cuenta Pública 2014, que se entregará el 20 de febrero del próximo año, incluirá un Informe General para aportar elementos objetivos que identifiquen áreas de vulnerabilidad que requieran atención específica y propuesta de modificaciones puntuales que permitan un mejor desempeño del ejercicio gubernamental.
Refirió que la ASF basada en la autonomía conferida por la Constitución, dispone de un marco metodológico de planeación y programación que permite privilegiar la realización de las auditorías con objetividad e imparcialidad, por lo que las solicitudes de los legisladores se ciñen a este esquema.
Propuso realizar una presentación de este proceso de auditorías ante los legisladores, para que “haya certeza de que la inclusión de temas al programa de auditorías responde a principios técnicos y no a un vaivén de la disputa política”.
Asimismo, refirió la conveniencia de replantear el esquema de las reuniones de seguimiento con los diputados, posterior a la presentación del Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública, debido a que las circunstancias han cambiado.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Luis Maldonado Venegas (PRD), advirtió que uno de los últimos “paraísos de excepción” a las reglas de transparencia y rendición de cuentas, se encuentra arraigado, “por una práctica inmemorial” en la administración y ejercicio de fondos asignados a las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión.
En la actualidad, dijo, tal circunstancia es insostenible y debe ser máxima responsabilidad de la LXIII Legislatura subsanarla con nuevas reglas. “La Constitución nos lo mandata, la ciudadanía nos lo exige y nuestra conciencia nos urge a concretarlo: en el reloj legislativo de San Lázaro, llegó la hora de la rendición de cuentas y de la transparencia sin reservas”, enfatizó.
Aclaró que tal aseveración “no obedece a ánimos personales ni aislados”, sino que se trata de la coincidencia, voluntad y determinación de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para formular nuevos lineamientos que permitan profundizar los mecanismos de fiscalización, control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de sus bienes y recursos públicos.
“Aunque tengamos en el Congreso de la Unión la razón legal de vigilar a quien vigila, nunca tendremos la razón moral de hacer exigible esa responsabilidad a los sujetos obligados mientras no nos sometamos a las mismas reglas de vigilancia que hemos instaurado para otros. Daremos respuesta puntual e inmediata a este reclamo inaplazable”, añadió.
Asimismo, el diputado Maldonado Venegas se pronunció porque este órgano legislativo se constituya “en el escudo para evitar que la fiscalización se politice o, peor aún, que la política sea la balanza de la acción fiscalizadora del Estado”, por lo que sus integrantes, dijo, deben velar por que la ASF se rija bajo los principios de transparencia, legalidad, oportunidad, imparcialidad, rigor técnico, integralidad y confiabilidad.
Aseguró que los diputados federales están conscientes de las exigencias de la sociedad para concretar las normas secundarias de la reforma constitucional para consolidad los Sistemas Nacionales de Fiscalización, de Anticorrupción, y de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Los tres ámbitos, acotó, no podrán entenderse si no avanzan en el mismo sentido y con igual intensidad, “porque para una nueva sociedad que es crítica, informada y demandante, ya no es suficiente el ejercicio correcto de los recursos públicos, su fiscalización oportuna, o incluso la sanción inhibitoria de actos que vulneren su uso y destino”.
Los tiempos actuales “reclaman que, sin dilaciones, se ciñan estas actividades al rigor de la rendición de cuentas y se expongan a nuevas reglas de transparencia y de acceso y actualización del derecho a la información, que ejerce cotidianamente la ciudadanía”.
