El documento, que surge de una iniciativa que envió el Ejecutivo federal, fue avalado en lo general por 35 votos a favor y dos en contra (de Morena), y se aprobó trasladar al Pleno la discusión de dos reservas que presentaron diputados del PRD.
Tras concluir la reunión, el presidente de la comisión, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, dijo a la prensa que el objetivo del dictamen es facilitar la asociación público-privada y potenciar la inversión.
“No hay riesgo de que se incremente la deuda, al contrario, es un mecanismo que permite incrementar la inversión en este país”, agregó.
Plantea incluir como dependencias para los efectos de la ley a las secretarías de Estado y a los órganos reguladores coordinados en materia energética.
Determina la viabilidad de los proyectos de asociaciones público-privadas mediante el dictamen que emita la dependencia o entidad interesada.
Señala considerar los proyectos que se prevé a iniciar en este ejercicio fiscal correspondiente a los que ya estén en operación, para determinar los compromisos presupuestarios futuros.
Atribuye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos, a fin de atender los compromisos de pagos requeridos e incluir la estimación en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Precisa además que contra el fallo que adjudique el concurso, procederá el juicio contencioso administrativo federal.
Indica el documento que las reformas de esta ley fomentarán la ejecución de proyectos, mediante esquemas de asociación públicos y privados, por las siguientes razones:
Que se puedan autorizar este tipo de proyectos durante el ejercicio fiscal, conforme al monto máximo aprobado por la Cámara de Diputados, en el que se deberá considerar tanto los nuevos proyectos que pretenden iniciar, como aquéllos autorizados.
A su vez, se evita que los particulares incurran en gastos innecesarios encauzados por su interés de participar en la elaboración de este tipo de proyectos, estableciendo que deben hacerse públicos los proyectos en los que el gobierno federal tiene interés de recibir propuestas no solicitadas.
Se otorga mayor certidumbre a los particulares que participen en la elaboración y ejecución de proyectos, mediante el esquema de asociación público-privadas, haciendo mejoras a esta ley que lo regula, a fin de que exista mayor claridad y uniformidad en su aplicación.
