Los dos dictámenes, que forman parte del paquete económico del 2016 que envió el Ejecutivo, se turnan a la Mesa Directiva “para su inclusión en el orden del día en la siguiente sesión de la Cámara de Diputados”, que se llevará a cabo el próximo lunes, afirmó el presidente de la comisión, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (PRI).
Señaló que “de conformidad con la Junta Directiva (de la comisión), todas las reservas que se plantearon en su momento, serán discutidas en el Pleno de esta Cámara”.
El primer dictamen contiene el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual fue avalado por 34 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, dos de Morena y una del PRD.
Posteriormente se aprobó, con 30 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones, el decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En el documento del primer dictamen se recuerda que la Ley General de Contabilidad Gubernamental fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas en los tres niveles de gobierno.
Esto se deriva principalmente del establecimiento de criterios generales en materia de contabilidad gubernamental y emisión de información financiera aplicable a todos los niveles.
A través de este nuevo marco normativo, se han establecido las bases que permiten que la información en materia presupuestaria y financiera pueda ser consolidada y comparada entre las distintas entidades de gobierno que tienen bajo su responsabilidad la administración de los recursos públicos.
Sin embargo, se considera necesario reforzar la vinculación existente entre los entes públicos estatales y municipales, y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Éste es un órgano nacional de coordinación encargado de armonizar la contabilidad gubernamental, a efecto de agilizar el flujo de la información y análisis de las medidas que deben adoptar tales entes para cumplir con los objetivos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El diputado Hinojosa Ochoa señaló que las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental se refieren al cumplimiento ante los entes públicos estatales y municipales de las normas en materia de contabilidad gubernamental y generación de información financiera.
Adiciona como requerimiento de información contable para la federación, el estado de actividades y flujos de efectivo, además de fortalecer el proceso de amortización contable.
“Se definen elementos que permitirán a los entes públicos cumplir con las obligaciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con ello contribuir a la rendición de cuentas”, precisó.
Se le dota de mayores elementos al CONAC para agilizar el seguimiento sobre los avances de armonización contable en los tres órdenes de gobierno.
Respecto a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dijo que se pretende atribuir en forma exclusiva a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la regulación y organización del sistema de evaluación del desempeño.
“Prevé que las funciones a cargo de la administración pública federal, relativas a la evaluación del gasto público federal, de las políticas públicas y programas, se concentren en la SHCP”, sostuvo.
Se concentran también las atribuciones en materia de regulación y operación del sistema de evaluación y desempeño en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de fortalecer el presupuesto basado en resultados.
“La SHCP verificará periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de programas de presupuesto en las dependencias y entidades, con base en el sistema en el cual es obligatorio para los ejecutores de gasto”, aseveró el presidente de la comisión.
Agregó que “estará a cargo de la propia SHCP la programación, presupuestación, evaluación y control del presupuesto del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades”.
La Secretaria de Función Pública, en términos de las disposiciones jurídicas que rigen sus funciones de control y auditoría, inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de las que de ella emanen, respecto al gasto por parte de las dependencias y entidades, subrayó.
Posteriormente, la comisión aprobó otro dictamen que contiene una adición al artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de establecer el destino de los ingresos que corresponden al importe del remanente de la operación del Banco de México (Banxico).
“Que el gobierno federal entere al menos el 70 por ciento a la amortización de la deuda pública contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para cumplir el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente o una combinación de ambos conceptos”, propone.
El monto restante se destinará a fortalecer el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios o al incremento en los activos que fortalezcan la posición financiera del gobierno federal, sostuvo el presidente el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
