El legislador cuestionó la forma en que el gobierno federal está articulando el proyecto del nuevo aeropuerto con las comunidades que serán afectadas por su obras y exigió respeten los derechos de las comunidades.
El diputado federal señaló que como antecedentes de este problema, “puedo comentarles que los habitantes de estas comunidades han sufrido amenazas por parte de funcionarios de la Secretaría de Gobernación para aceptar acuerdos y firmar convenios en contra de los intereses de los dueños legítimos, en los cuales se ofrecen de 10 a 65 pesos el metro cuadrado ‘por no ocupar o desocupar’ los predios afectados”.
Y añadió: “Me permito comentar que dichas obras han afectado terrenos que son propiedad privada, particularmente en el polígono conocido como Los Tlateles o El Moño, una superficie de casi mil hectáreas pertenecientes a alrededor de 150 propietarios”.
El parlamentario indicó que dentro del proyecto para la construcción del nuevo AICM, las autoridades deben de tomar en cuenta la opinión de las comunidades y de los afectados en su conjunto, como es el caso del municipio de Chimalhuacán, para que en el futuro se evite propiciar mayores conflictos por el reconocimiento de los derechos adquiridos sobre las tierras que serán afectadas.
Acompañado de representantes de los habitantes del municipio de Chimalhuacán, el legislador comentó que el gobierno federal ha comenzado a realizar obras alternas por la construcción del nuevo AICM, algunas de ellas en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.
