Señaló que la tasa de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años, hablantes de alguna lengua indígena, es de 96.7 por cada mil, mientras que de las no indígenas es de 68 por cada mil.
Ante ello, el diputado federal por Oaxaca impulsa un punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, implemente políticas públicas en materia de prevención y promoción a la salud reproductiva de las y los adolescentes indígenas y accedan a esa información en su lengua materna.
Consideró que estas acciones ayudarán a prevenir eventos adversos que genera un embarazo no planeado, aunado a que la mayoría de las mujeres afectadas viene de un medio socioeconómico bajo.
En su exhorto, precisó que el Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que las entidades con mayor porcentaje de adolescentes hablantes de alguna lengua indígena son Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero, con un porcentaje mayor a 15 por ciento, mayor al promedio nacional de 6.7 por ciento.
Amaro Cancino enfatizó que en México existen 11 familias lingüísticas dispersas en todo el territorio. De ellas, se desprenden 68 lenguas y 364 dialectos, de acuerdo al Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Entre las más habladas se encuentran el náhuatl, maya y mixteco.
A pesar de que dichos idiomas son reconocidos como lenguas nacionales, en la misma categoría que el español, como parte de las leyes reglamentarias de nuestra Constitución, la realidad es que en la práctica su uso oficial es extremadamente limitado.
Aunado a ello, continuó, la población indígena se concentra especialmente en zonas remotas y de difícil acceso, ubicadas, por ejemplo, en la Sierra Madre Occidental y sus áreas vecinas; la Sierra Madre del Sur y la Península de Yucatán.
Tan sólo en el 2010, el Censo de Población y Vivienda reportó más de 6 millones de personas de 3 años y más hablantes de alguna lengua indígena, lo que representó el 6.6 por ciento de la población total del país, destacó el legislador.
Ante ello, “los servicios de planificación familiar de las instituciones de salud pública, auxiliar comunitario y médicos privados deben propiciar actividades para prevenir los embarazos en adolescentes indígenas del país”.
Lo anterior, afirmó, conforme a las metodologías establecidas por el Programa Nacional de Salud reproductiva, junto con las estrategias que deben realizar los gobiernos estatales en el marco de sus facultades, dentro del primer nivel de atención medica pública, a través de la promoción, difusión, información educativa, consejería, selección, prescripción y aplicación de métodos anticonceptivos.
“El derecho a la salud implica que los gobiernos deben generar condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludable posible. Esas condiciones incluyen condiciones de trabajo seguro, vivienda adecuada y alimentos nutritivos, así como la disponibilidad garantizada de acceder a servicios de salud”, agregó.
