El legislador subrayó que es imperante reducir la “cifra negra” de la inseguridad; por ello, continuó, urge diseñar políticas públicas orientadas a disminuir los actos delictivos, así como mejorar los mecanismos de denuncia y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones responsables de garantizar la seguridad.
“El precio de la inseguridad es alto y se incrementará aún más si el Estado no emprende medidas correctivas eficaces para revertir la situación. El número de delitos aumentó en los últimos cinco años, al pasar de 23 mil 999, en 2010, a 28 mil 224 víctimas por cada cien mil habitantes en la última medición”, precisó.
Pidió también fortalecer los programas de formación y capacitación de los agentes del Ministerio Público, oficiales investigadores, peritos y elementos policiales, a fin de garantizar el debido proceso y mejorar la eficacia de su actuación ante la consecución de delitos.
Refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los delitos de alto impacto -robo en vía pública o transporte, extorsión, robo total o parcial de vehículo, homicidio doloso y secuestro- han afectado de manera directa a más de 22.8 millones de ciudadanos durante 2014.
Indicó que el costo monetario de la inseguridad para el país, en 2014, fue de 226 mil 700 millones de pesos, 1.27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional de ese año. A las cifras económicas, dijo, hay que sumar los intangibles difíciles de cuantificar, como la pérdida de la calidad de vida, cambios de conducta y traumas personales que padecen las víctimas, así como la disminución de la confianza interpersonal.
La encuesta refiere que las instituciones encargadas de prevenir delitos y de impartir de justicia fueron menos confiables en 2014 que el año inmediato anterior, agregó.
Apuntó que las altas tasas de incidencia delictiva reflejan la necesidad de atender los factores que tienen un mayor efecto sobre la comisión de los delitos, así como en la operación del sistema de justicia penal en el país.
Las cifras del Inegi también muestran que tres de cada 10 mexicanos piensan que denunciar los delitos o delincuencia sufrida “es una pérdida de tiempo”, principalmente por miedo a ser extorsionados, los largos y difíciles trámites, o bien por desconfianza o la actitud hostil de las autoridades.
Valles Mendoza manifestó que la creciente situación de inseguridad afecta diferentes aspectos de la vida de las familias, que van desde las costumbres para salir de casa y trasportarse, hasta la realización de actividades sociales y recreativas en general.
Aseguró que se deteriora el capital social, debido al quebranto del orden y la estabilidad, tanto personal como de las comunidades donde se presentan incrementos de delitos.
“Hoy persiste una ineficiente labor de las instituciones de procuración de justicia, lo que ha generado desconfianza por parte de la ciudadanía, y la consecuencia es la baja tasa de denuncia”, sostuvo.
Por ello, consideró necesario revisar y optimizar las políticas públicas, estrategias y acciones instrumentadas en materia de seguridad pública, así como “aprovechar la información referida como una oportuna área de mejora en el desempeño de las autoridades responsables”.
