La PGR puede presentar una nueva acusación contra los militares, pero deberá recabar nuevas pruebas que demuestren la probable responsabilidad de los imputados.
Hasta el momento la PGR no ha hecho pronunciamiento oficial alguno sobre este caso.
Por ello, el juzgado cuarto de distrito de procesos penales con sede en Toluca, estado de México, ordenó el pasado viernes la inmediata libertad de cuatro de siete militares, quienes la Procuraduría General de la República acusó de haber irrumpido en una bodega en Tlatlaya, donde murieron 22 presuntos secuestradores, de los cuales al menos 11 fueronejecutados a manos de elementos castrenses.
Sin embargo, los cuatros soldados aún permanecen detenidos en una cárcel militar, sujetos a proceso penal por delitos de la jurisdicción militar.
El auto de libertad del juzgado cuarto se dio en cumplimiento a la orden de un tribunal unitario que también la semana pasada determinó que las pruebas aportadas por la PGR eran insuficientes para mantener bajo proceso a cuatro de los siete militares acusados de diversos delitos, entre ellos homicidio.
El penalista Juan Velázquez, quien dijo haber asesorado a los abogados que defienden a los militares imputados, confirmó la resolución que beneficia a cuatro de los elementos castrenses y aseguró que será cuestión de horas para que paguen su caución y abandonen la prisión militar.
