En su exposición de motivos, los legisladores precisaron que en la actualidad se están utilizando tarjetas prepagadas para introducir o extraer dinero evadiendo las reglas de declaraciones de capital por no encontrarse consideradas en el artículo aplicable.
Indicaron que su planteamiento también tiene como objetivo “establecer la prohibición de introducir o extraer dinero en efectivo o documentos, por cualquier monto, con la mercancía o en medios de transporte no autorizados para el transporte de valores, que se internen o salgan del país”.
“La violación a esta disposición implicará una infracción grave, por lo que se propone que la totalidad de las cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos pasen a propiedad del Fisco Federal, para lo cual se establece un procedimiento de retención que deberá seguir la autoridad aduanera”, señalaron.
Respetando la garantía de audiencia, agregaron, proponemos que se otorguen tres días para que se presenten pruebas o alegatos, plazo que debe ser mínimo por la gravedad de la infracción.
Los legisladores de Acción Nacional subrayaron que actualmente en materia de comercio exterior, se permite, en contra de las prácticas y recomendaciones internacionales, que junto con la mercancía a importar se introduzca dinero, siempre que se presente un formato anexo al pedimento.
“Situación que se pretende modificar con esta reforma, con el fin de frenar una práctica delictiva que últimamente se ha vuelto frecuente, al registrarse un incremento de aprehensiones de mercancías en medios de transporte en cuyo interior se encontraron grandes sumas de dinero, lo que se presta a todo tipo de prácticas corruptas y delictivas de lavado de dinero”, destacaron.
Enfatizaron que en la lucha contra el lavado de dinero, el terrorismo y el narcotráfico, es fundamental perfeccionar los controles operativos y legales, particularmente en las operaciones de comercio exterior, ya que recientemente las autoridades aduaneras han descubierto prácticas relacionadas con el financiamiento de la delincuencia organizada y situaciones que no se encuentran previstas en el marco legal.
“Una alternativa cada vez más atractiva y menos riesgosa para el financiamiento de las operaciones delictivas como el narcotráfico y el lavado de dinero son las tarjetas prepagadas que disponen de bandas electrónicas ya que no requieren estar vinculadas con una cuenta bancaria y muchos tipos se pueden usar de forma anónima”, detallaron.
Las agencias de seguridad de Estados Unidos, acotaron los senadores panistas, consideran a estas tarjetas como una amenaza floreciente que los reguladores no han encarado correctamente.
“Aunque existe una disposición que establece que toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo con más de 10 mil dólares tiene la obligación de hacer una declaración ante la autoridad aduanal, las tarjetas prepagadas no están previstas en la ley, lo que constituye un vacío legal que debe subsanarse, a fin de frenar esta práctica cada vez más común”, concluyeron.
La propuesta de los senadores Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, Juan Carlos Romero Hicks, José María Martínez Martínez, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Maki Esther Ortiz Domínguez, Daniel Ávila Ruiz, Héctor Larios Córdova y Fernando Torres Graciano se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.
