Ello representará una seria afectación a los municipios, ya que generará mayor endeudamiento, o bien, tendría que aumentarse la recaudación local y/o reducir el presupuesto en algunos programas, dijeron.
Precisaron que este presupuesto sólo tiene planeado elevar las aportaciones a cinco entidades, es decir, serán desprotegidos 18 estados y otros cinco tendrán mayores retrocesos. Por lo tanto, sostuvieron, “esta distribución refleja un sistema fiscal frágil que, sin un replanteamiento del gasto público e ingreso, no será sostenible”.
Propusieron dejar el enfoque asistencialista e incentivar el gasto que permita el crecimiento de la producción, para lo cual son necesarias modificaciones legales y presupuestarias en materia del gasto federalizado, pensiones y deudas de estados y municipios.
En su exposición, “El futuro de las ciudades en México al 2035. Una visión prospectiva”, Manuel Perló Cohen, investigador de Economía de la UNAM, dijo que los problemas a los que se enfrentarán las ciudades metropolitanas en los próximos años será la falta de agua, desempleo, informalidad, movilidad, vivienda y manejo de los residuos sólidos.
Estimó que para el 2035 el mundo será un sitio de grandes ciudades y México contará con una población cercana a los 142 millones de personas, de las cuales 107 millones habitarán en zonas urbanas y 34.6 millones, la región rural.
Puntualizó que aun cuando el país no alcanzará los índices de crecimiento de Estados Unidos, Argentina o Uruguay en materia de urbanización, el aumento se originará en las ciudades pequeñas y medianas como Mexicali, Reynosa y Cancún; esta última tendrá la mayor tasa de desarrollo.
Durante la última mesa “Políticas Públicas y Propuestas de Agenda Territorial”, Edgardo Valencia, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), señaló que a pesar de que el presupuesto del Programa Especial Concurrente (PEC) ha tenido un crecimiento del 128 por ciento del 2000 al 2015, prevalece la orientación social sobre la productiva; además, la marginación indígena sigue vigente y hay una concentración de apoyos en los núcleos de las entidades federativas.
Al participar con el tema “La Incidencia del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y Planificado”, el investigador señaló que dentro del ámbito rural, la productividad no ha crecido, ni hay impactos notorios en lo tecnológico, ni tampoco se han mitigado los efectos del cambio climático.
“Debemos tener un rediseño de los programas para que sean redistributivos del ingreso, ya que el 80 por ciento de las unidades de producción son predios menores a 5 hectáreas”, indicó.
Planteó dejar de lado la creación de empresas público-privadas y pasar a impulsar las público-sociales, las cuales se concentrarían en el concepto de una reserva estrategia alimentaria, orientada en granos básicos. “Queremos un reordenamiento de mercados locales y regionales para que el productor adquiera un mayor porcentaje del precio final de sus productos”, aclaró.
En su ponencia “Los problemas de Límites Político-Administrativos entre el Estado de México y el Distrito Federal”, Manuel Aguilera Gómez, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, advirtió el peligro de dejar en la incertidumbre las demarcaciones entre una entidad y otra, debido a que se quedarían desprotegidos los derechos de propiedad de las personas, porque no son los mismos tribunales los que juzgan a uno y a otro.
Aseguró que la mitad de los estados de la República Mexicana padecen conflictos limítrofes, de los cuales destacan los casos de Quintana Roo, Yucatán y Campeche; Oaxaca-Chiapas, y Oaxaca, Guerrero y Puebla.
“Ya hay perfiles de violencia entre comunidades de Chiapas y Oaxaca, por lo que cualquier conato de definición de sus áreas correspondientes ocasionaría un conflicto entre los pobladores”, subrayó.
Con el tema: “Financiamiento de Vivienda Social y Desarrollos Inmobiliarios”, Miguel Ángel Mendoza, de la Facultad de Economía de la UNAM, destacó que del 2000 al 2010 los préstamos para adquirir una casa crecieron en alrededor de 200 por ciento.
Sin embargo, reconoció que, según datos del INEGI, existen cinco millones de viviendas deshabitadas, de las cuales el 52 por ciento está en 367 municipios, que conforman las 59 zonas metropolitanas del país; de esa cantidad, tan sólo el Valle de México concentra el 23 por ciento de hogares sin habitantes.
Aseguró que entre las causas de este abandono está que muchas de las viviendas forman parte de desarrollos habitacionales que fueron construidas en zonas que carecen de dos o más servicios básicos, así como de fuentes de trabajo.
