Así lo señaló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián: “A partir de la presentación de este informe se solicitó la reunión y de inmediato el presidente de la República se comprometió a reunirse con ellos”.
El informe, precisó, se refiere principalmente a cuatro asuntos: la investigación de los hechos; la búsqueda de los jóvenes estudiantes; la atención a las víctimas, y la revisión de políticas públicas para evitar la repetición de los hechos. “Este (el informe del GIEI) es un referente importante en la reunión”.
La instrucción del presidente, dijo, es tener un formato para que la comunicación sea respetuoso pero ágil y se generen compromisos.
El funcionario fue entrevistado al término del acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano, ante el homicidio del líder triqui Antonio Jacinto López Martínez, privado de la vida en 2011, pese a contar con una medida cautelar dictada por la CIDH.
Los hechos ocurrieron en Tlaxiaco, Oaxaca. Ante funcionarios y defensores de derechos humanos en esa entidad, el subsecretario Campa puntualizó la parte del central del acuerdo el cual contiene medidas para la reparación integral de daño, garantías de no repetición, una compensación económica y, en especial, continuar con “la investigación exhaustiva” del crimen para que la familia conozca la verdad de los hechos.
También se promete dar becas a los cinco hijos del líder triqui y capacitar a funcionarios para el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Gobernación emitirá una convocatoria para la construcción de protocolos de cumplimiento de las medidas cautelares.
