La resolución del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actuó como una bola de boliche que al hacer chuza, derribó todos los bolos del caso Ayotzinapa y reavivó la investigación que había entrado en un cómo letargo para todos los involucrados.
Como era de esperarse, al primero que golpeó fue al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el negro de esta feria nacional de descalificación al que todas las oposiciones quieren pegarle en la cara.
Abierto también en los hechos el proceso electoral del 2016 –en que se definirán nada menos que 12 gubernaturas, la tercera parte de las 32 que existen en el país-, el tema de los 43 normalistas se ha convertido además en un botín mediático importantísimo.
Así, a propuesta del controvertido senador chihuahuense Javier Corral, la fracción de Acción Nacional en la Cámara de Senadores propuso la creación de una fiscalía internacional que investigara a fondo el caso de los normalistas.
La razón era simple -moral y socialmente irrefutable, y mediáticamente rentabilísima-: si los expertos de la CIDH habían dejado en claro que la investigación de la PGR encabezada por el hidalguense Jesús Murillo Karam tenían graves fallas, entonces lo que hiciera esta dependencia en una nueva investigación estaba descalificado de origen.
Simplemente no se podía confiar en sus resultados.
Los constitucionalistas y los expertos en jurisprudencia dijeron que eso era improcedente, que una fiscalía integrada por investigadores internacionales violaría de entrada la soberanía de México.
Los priístas en las cámaras de Diputados y de Senadores dijeron lo mismo, y eso les sirvió a los legisladores y dirigentes de PAN, PRD, PT y Morena para acusarlos de pretender seguir ocultando la verdad respecto de los hechos de Ayotzinapa.
En el camino el PRD tuvo el pasado fin de semana su 14 Congreso Nacional Extraordinario, donde los mismos perredistas (de la tribu de Bejarano principalmente), recriminaron a Jesús Zambrano y a Carlos Navarrete –presidente anterior y actual respectivamente del PRD-, no abrir una investigación interna de deslinde de responsabilidades en el lanzamiento de José Luis Abarca como candidato a la alcaldía de Iguala.
Como todos sabemos Abarca fue el que ordenó la detención de los normalistas que luego fueron ejecutados, incinerados y luego sus cenizas y restos esparcidos al río San Juan por policías municipales y delincuentes del cártel Guerreros Unidos.
Fue entonces que Zambrano, que era líder del partido en aquel momento, terminó por confesar que Abarca fue propuesto por Lázaro Mazón, entonces secretario de Salud del Gobierno de Ángel Aguirre, y por Andrés Manuel López Obrador y validado por él, por Zambrano.
Una confesión de parte que es apenas la punta de un iceberg que puede tener grandes consecuencias.
¿Por qué Mazón y AMLO impusieron a Abarca como alcalde de Iguala? ¿Por qué Zambrano entonces presidente del PRD los dejó hacerlo?
Ya para entonces, según ha quedado demostrado, muchos sabían que la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda no sólo era al parecer la amante del gobernador Aguirre, sino cabeza de Guerreros Unidos luego de que sus hermanos –quienes pertenecieron al cartel de Arturo Beltrán Leyva, abatido en Cuernavaca-, habían formado su propio cartel.
Una línea de investigación exigida por el Grupo de Expertos de la CIDH –y que no había sido seguida por los policías de Murillo Karam-, es precisamente la del tráfico de heroína.
Droga que se supone era controlada desde la región de Iguala por Guerreros Unidos.
AL LADRÓN, AL LADRÓN
En este contexto, la vorágine del caso converge hoy justamente con el primer aniversario del secuestro y desaparición de los 43 normalistas. Esto será el viernes 26 de este septiembre.
Y son el Senado y la Cámara de Diputados foros inmejorables para lucrar con el asunto.
Los panistas –sabedores de que no procede-, presionan mediática y políticamente para que se acepte la integración de una fiscalía internacional.
En la Cámara de Diputados el asunto derivó en la integración de una comisión especial pluripartidista que seguirá los resolutivos del Grupo de Expertos de la CIDH y que es presidida por la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez.
En la de Senadores los blanquiazules más combativos quieren que el pleno emita un exhorto para que el gobierno de Enrique Peña Nieto de curso a la integración de la Fiscalía Internacional, lo que todos saben no es procedente porque viola la Constitución.
Al reclamo se han unido los senadores del PRD, del PT y Morena.
En todo esto hay engaño. Los del PAN, PRD, PT y Morena saben que esa comisión no procede, que es anticonstitucional. Igual saben que eso lo dirán los priístas y sus aliados del Verde y entonces servirá para acusarlos de no querer llegar al fondo de la verdad en el caso de los normalistas. Y dirán que se oponen porque así se los ha ordenado su líder máximo, el presidente Enrique Peña Nieto, a quien denunciarán como quien no quiere que se sepa que pasó realmente con los estudiantes.
Es como aquel engaño del ladrón que grita que sigan al ladrón para distraer la atención de los despistados.
PRIMER SAINETE
Todo esto quedó por demás evidenciado, documentado en lo ocurrido ayer en el Senado.
Ayer, al filo de las 3 y media de la tarde, ya casi al terminar la sesión, en la tribuna se apareció la campechana Layda Sansores quien al más puro estilo de los vagoneros del Metro, portaba su micrófono (porque sabía que no iban a dejar que usara el de la tribuna) y su aparato de sonido y bocinas en una mochila en la espalda.
La siempre conflictiva y aguerrida senadora, exigió al presidente del Senado, al panista Roberto Gil Zuarth iniciar el debate sobre la creación de la Fiscalía Internacional de investigación del caso de Ayotzinapa.
Gil le recordó que no podía dar curso a esa petición porque el tema no estaba incluido en el orden del día.
Pronto a Sansores se le unieron los senadores Mario Delgado, Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Armando Ríos Pitter, Miguel Barbosa y otros.
Gil soluciono su primer sainete y toma de tribuna con el cierre de la sesión.
La imagen para muchos fue que no se quiso abordar el caso de la Fiscalía Internacional ni el caso de Ayotzinapa.
Pero resulta que la norma legislativa dice que quienes establecen el orden del día son todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias, integrados en la Junta de Coordinación Política.
En el Senado esta Junta es presidida por el priísta Emilio Gamboa, quien explicó que los coordinadores del PRD, PT y Morena no presentaron documento alguno para incluir el tema de Ayotzinapa en la sesión de ayer, y por eso no estaba previsto abordar el tema.
Aclarado el punto, queda en el claro que el sainete fue organizado por los mismos que lo realizaron, para dar la impresión de que existe un rechazo de los contrarios para abordar el asunto.
Es pues, el ladrón que grito y hace bulla para que detengan al ladrón.
No tan en el fondo está un hecho: los perredistas saben que cuando se reinicie la investigación judicial –con participación o no de investigadores extranjeros-, se seguirá la línea del narcotráfico, concretamente de la heroína que va a Chicago, dicen-, y eso llevará a los investigadores a Abarca y a la esposa de este, a María de los Ángeles Pineda y luego a Lázaro Mazón y a AMLO, quien hay testimonios que dicen recibía jugosas participaciones de parte del alcalde de Iguala y de Mazón, de quien el tabasqueño ya hablaba como su candidato a gobernador de Guerrero.
Ese es el verdadero asunto de toda esta confusión.
