Lo anterior, debido a que la toma de decisiones administrativas en cuestión ambiental afecta directamente a las comunidades en donde se llevan a cabo proyectos de desarrollo turístico, industriales y/o de infraestructura, explicó.
Por ello, la legisladora de la bancada turquesa propuso reformar el artículo 35, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), de tal modo que esta se fortalezca con el detalle de los casos en que una solicitud de autorización de Evaluación del Impacto Ambiental deba ser negada.
En este sentido, precisó que cuando la autoridad administrativa autoriza obras o actividades, tales como el otorgamiento de una concesión minera, permisos de aprovechamiento de cuerpos de agua, o para la construcción de megaproyectos turísticos, se está fomentando la conflictividad social, ya que estos pudieran perjudicar el equilibrio ecológico, la salud pública o seguridad de la ciudadanía.
“El desarrollo de estos proyectos tiene impactos negativos sobre el patrimonio natural y el entorno social en donde se desarrollan, afectando directa o indirectamente a las poblaciones locales”, dijo.
Al respecto, indicó que en México existen un número importante de megaproyectos que han incurrido en violaciones al marco legal ambiental, lo cual ha ocasionado graves deterioros a ecosistemas y violaciones de Derechos Humanos.
En su propuesta, la diputada por Morelos busca establecer que se nieguen los permisos de construcción cuando exista riesgo para la seguridad y la salud de la población del territorio en donde se solicite realizar la obra.
Además, en donde no exista consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígena, así como en los casos que puedan generar desequilibrio ecológico.
