La diputada María Verónica Muñoz Parra (PRI) mencionó los logros de la “política social de nueva generación” que –aseguró– garantizan condiciones mínimas de bienestar y resaltó la actual política transversal coordinada y la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en la Cruzada Nacional contra el hambre.
Aseguró que el porcentaje de población en pobreza extrema pasó del 9.8 por ciento en 2012 al 9.5 por ciento en 2014. En el medio rural disminuyó del 21.5 al 20.6 y en el medio urbano pasó de 6.3 al 6.2 en el mismo lapso. “Vamos en el camino correcto”.
Pidió considerar que la política social tiene relación directa con la política económica y con el entorno económico estable, las cuales se ven reflejadas en los salarios, ingresos de las familias y sobre todo en el poder adquisitivo y la distribución del ingreso.
El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (PAN) estimó que la política social en el país enfrenta sus peores momentos, “pues abandona su razón de ser: el desarrollo humano de quienes viven en condiciones de pobreza”.
“El informe de gobierno pretende mostrar con cifras alegres una realidad que no existe, pues informan un gasto de 68 mil millones más de lo gastado en 2012 en combate a la pobreza, pero según cifras del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) solamente en dos años en este gobierno se generaron dos millones más de pobres”, indicó.
Comentó que el planteamiento original del programa de combate a la pobreza fue atender a siete millones de personas en pobreza extrema; sin embargo, sólo hay cuatro millones de beneficiarios. “En los últimos dos años la población indígena en situación de pobreza aumentó 1.2 por ciento”.
La diputada Araceli Saucedo Reyes (PRD) señaló que “el principal objetivo de la política social es reducir la pobreza y la gran disparidad en la calidad de vida de millones de mexicanos y mexicanas. Este objetivo en el tercer informe del gobierno federal no se ha logrado, por el contrario, cada vez está más lejos”.
Dicho informe de gobierno, agregó, “nos obliga a reflexionar sobre el grado de responsabilidad que tenemos el gobierno federal, los partidos políticos, el sector privado y la sociedad en general”, para exigir una nueva política de desarrollo social.
Sostuvo que ésta debe ser “bajo la visión de inclusión y no de exclusión; de generar capacidades y no dependencias y hacer valer la realidad de los derechos sociales consagrados en la Constitución; derechos por los que miles y miles de mexicanos y mexicanas entregaron sus vidas en un día como hoy, hace 205 años”, al iniciar la guerra de independencia.
El diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez (PVEM) señaló que se ha dado respuesta la población que no contaba con la posibilidad de una vivienda digna, no tenían acceso a los servicios de salud, o que no asistían a la escuela y que vivía sin los requerimientos mínimos para subsistir.
“Hoy en día tienen la garantía de acceder a los mismos, gracias a la implementación de los programas sociales, que cada día son más incluyentes”, añadió, aunque reconoció que la pobreza sigue siendo uno de los mayores desafíos que enfrenta el país.
Aseveró que la Cruzada Nacional contra el Hambre atiende a 4.5 de los seis millones de los mexicanos que viven en pobreza extrema y sostuvo que los programas de Seguro Popular, Vivienda Digna y de Vivienda Rural, han beneficiado la calidad de vida de las familias más vulnerables.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (Morena) cuestionó las cifras del gobierno federal en materia de política social, pues aseguró que la mitad de la población está sumida en la pobreza.
“El ejecutivo nos presenta un informe que recurre a cifras poco claras y tendenciosas para mostrar una realidad distinta a la que padecemos cotidianamente en el país, hoy la mitad de la población está sumida en la pobreza y sufre carencias graves de alimentación, educación, salud, vivienda digna, empleo y seguridad”, dijo.
También habló sobre la reforma educativa y cuestionó la prioridad dada a su aspecto administrativo, pues considera “tiene problemas metodológicos y conceptuales, porque reduce la mejora de la educación a la evaluación, sin asumir la complejidad inherente al proceso educativo, haciendo a un lado las necesidades de la población”.
René Cervera García (MC) afirmó que en materia de política social México no va en la dirección correcta, por lo que “se debe cambiar de rumbo”.
“Hay metas incumplidas, intentos limitados de contención de la pobreza y retiro del Estado”, agregó y expresó que en la actualidad hay dos millones más de pobres.
Hizo “un llamado al Ejecutivo federal a replantear integralmente la estrategia” de la política social “y para ello proponemos al Poder Legislativo meterse de lleno en el problema. Debemos promover un modelo que ponga en el centro la reducción de la desigualdad”.
El diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz (NA) reconoció que para su fracción parlamentaria la reforma más importante, de las aprobadas por la pasada LXII Legislatura, es la educativa y enfatizó que debe haber coordinación por parte de todos los involucrados en el proceso educativo, poniendo a los maestros como actores centrales.
Aseguró que es prioritaria la capacitación y profesionalización continúa de los docentes, para el cumplimiento de sus obligaciones. Así como “transformar las escuelas Normales, en instituciones de educación superior”
Nueva Alianza se manifestó por un diálogo abierto en la trasformación de la educación, reiterando que la sociedad del conocimiento exige la incorporación de las tecnologías correspondientes, así como la modernización y mejora en infraestructura, sostuvo.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos (PES) consideró prioritario replantear las estrategias en el combate la pobreza y la desigualdad y consideró oportuna la propuesta del Ejecutivo federal en su paquete económico 2016, para crear zonas económicas especiales.
“La realidad nos muestra que hace falta mucho por hacer, los contrastes en la aplicación de los programas sociales hacen evidente la necesidad de replantear estrategias, por lo que consideramos oportuno el impulso de las regiones con mayor rezago para combatir la pobreza y la desigualdad”, aseguró
Reconoció que a pesar de que “la desigualdad, marginalidad y pobreza que sufre nuestro país, son un problema histórico”, el gobierno ha sido consciente de las necesidades de una política eficaz, para mejorar las condiciones de salud, seguridad, vivienda, educación y servicios básicos.
