En un comunicado, dijo que según datos de la Procuraduría General de la República (PGR), en México existen al menos 23 mil 271 personas desaparecidas o no localizadas.
Sin embargo, agregó, esta cifra no es confiable porque hay organizaciones no gubernamentales que afirman que son muchas más las personas que fueron impedidas de su libertad de manera forzada y sin que se sepa hasta ahora dónde están.
Indicó que por ello la exigencia de ofrecer una respuesta pronta y expedita de parte del Congreso de la Unión, “pues urge una ley que ofrezca una metodología de medición que dé certidumbre y que, por supuesto, genere los mecanismos que agilicen la acción gubernamental para atender estos casos”.
Ojeda Anguiano sostuvo que la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares debe aprobarse antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones.
Recordó que la reforma constitucional del artículo 73 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de julio, y en sus transitorios se establece un plazo de 180 días, como máximo, para aprobar esta Ley General.
Subrayó que dicha legislación debe responder a la necesidad de abordar la problemática de la desaparición de manera integral, con enfoque jurídico, forense y psicosocial, concentrando la actuación del Estado en la búsqueda con vida de las personas desaparecidas y la atención a familiares de personas afectadas.
Comentó que luego de la reunión con familiares de personas desaparecidas, quedó como compromiso de parte de la Mesa Directiva, el ser incluyente y tomar en cuenta las propuestas ciudadanas para elaborar un dictamen que cuente con el aval de las organizaciones sociales y de los familiares de los desaparecidos.
Resaltó que “nos vamos a estar reuniendo periódicamente en mesas de trabajo, con todos los involucrados para enriquecer esta demanda ciudadana, en la cual no somos ajenos al dolor que se sufre con la desaparición de cualquier persona”.
El legislador perredista declaró que en la nueva ley deberá quedar plasmada la obligación del Estado para garantizar la búsqueda e investigación en los casos de desaparición forzada, así como asegurar el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación del daño.
“La desaparición forzada de personas implica no solo el delito con la persona desaparecida, sino también en perjuicio de la familia, ya que actualmente tienen que iniciar un calvario en la búsqueda de su pariente, sumándose a esto que no existen las herramientas legales para facilitarla”, explicó.
Ojeda Anguiano aseveró que desde la etapa más temprana posible y de manera transparente, se requiere la participación de la sociedad civil y los familiares de los desaparecidos para aprovechar su experiencia y aportaciones, tanto en la elaboración de la ley como en el diseño de políticas públicas que busquen abordar las consecuencias de la desaparición.
Con esta ley, dijo, el Estado estaría obligado a resolver los miles de expedientes sobre personas desaparecidas, y se otorgaría el reconocimiento a la personalidad jurídica de desaparecido, además de establecer el concepto más amplio de Desaparición por particulares y por el Estado.
Consideró que también se debe avanzar en la erradicación de burocracias del ámbito penal y civil cuando se atienden denuncias por desaparición forzada, pues actualmente las autoridades correspondientes dan un trato indigno a los afectados, provocando la doble victimización de los familiares.
Comentó que instrumentar los mecanismos jurídicos para la localización de personas desaparecidas, “es una herida que debe cicatrizar, es un duelo de muchas familias que debemos resolver; solo así podremos iniciar con una etapa de sanación entre Estado y sociedad”.
La legislación en materia de desaparición forzada de personas, así como otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de las entidades federativas y de la Federación, deberá determinar mecanismos para erradicar esta problemática, finalizó.
