La Procuraduría General de la República, a cargo de Arely Gómez González, tiene lista la averiguación previa para consignar por abuso de autoridad y uso indebido del servicio público en contra 21 servidores público de la PGR, entre ellos el entonces director de la desaparecida AFI, Genaro García Luna, su director de Operaciones de la AFI, Luis Cárdenas Palomino, y su director de Operaciones Especiales de la misma corporación, Francisco Javier Garza Palacios por el caso de la francesa Florence Cassez.
Sin embargo, en el asunto confluyen diversos intereses, de acuerdo a información proporcionada a Vorágine. Uno de ellos es que Gómez González y Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico presidencial, se disputan la fiscalía general (ahora PGR) a partir del 2018 y hasta por nueve años.
Pero, además, si la titular de la PGR consigna el expediente ante un juez se enfrentará a Castillejos Cervantes por la relación cercana que tiene con García Luna y Cárdenas Palomino, su ex cuñado. Entonces, las fuentes de Vorágine presumen que el caso podría quedar en la impunidad.
Una de sus cuñas en la PGR de Humberto Castillejos, es Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, a quien la titular de la PGR no le tiene confianza. Así están las cosas en esa dependencia.
A las afueras de Palacio Nacional, el día del informe presidencial, la procuradora Gómez González se negó a responder si iba a consignar el expediente del caso de la francesa Florence Cassez. En la Visitaduría General de la PGR se encuentran el expediente y la consignación guardados bajo siete llaves, dicen nuestras fuentes.
SE NIEGA OMBUDSMAN GOZÁLEZ PÉREZ DAR PUNTO DE VISTA SOBRE DENUNCIA DE CNDH
El actual presidente de la CNDH, Luis Raúl González se negó a dar su punto de vista sobre el caso, y su área de prensa, a cargo de Néstor Martínez, solamente se concretó a dar como información su artículo 175 del reglamento interno que dice:
“En el caso de los informes especiales la Comisión Nacional no está obligada a dar seguimiento; sin embargo, se hará constar en el expediente respectivo toda aquella información que se reciba sobre las medidas que se hubieren tomado y la autoridad haga del conocimiento de la Comisión Nacional”.
En el 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo entonces de Raúl Plascencia Villanueva, presentó una denuncia por su probable responsabilidad de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público cometidos en la detención de la francesa Cassez por 21 servidores públicos, entre ellos García Luna y Cárdenas Palomino.
El entonces ombudsman reconoció que esa es la primera denuncia contra altos ex funcionarios federales en lo que fue su administración.
LA HISTORIA DEL CASO FLORENCE CASSEZ
Como se sabe la francesa fue liberada el 23 de enero de 2013 por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “no poder ser inocente sino por violaciones al debido proceso” derivado de la actuación indebida de servidores públicos, lo cual colocó a las víctimas privadas ilegalmente de su libertad, en una situación de indefensión y especial vulnerabilidad”, dice en su informe del caso la CNDH.
En ese documento, la CNDH puntualiza que “la información analizada y valorada en su conjunto permitió observar que servidores públicos de la entonces Agencia Federal de Investigación (en adelante AFI) y del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, ambas pertenecientes a la Procuraduría General de la República (en adelante PGR), quienes tenían a su cargo la investigación acerca de la privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro de una persona y de otros ilícitos ligados a éste, el 9 de diciembre de 2005, cometieron una serie de irregularidades en torno a dicha investigación que vició el procedimiento penal respectivo, trascendiendo en su resultado y agraviando a las víctimas del delito”.
En su punto 4 del informe la CNDH señala que “esa actuación irregular provocó que, además de que se vulneraran los derechos humanos a la notificación, contacto y asistencia consular; a la puesta a disposición inmediata de la detenida ante el Ministerio Público; y, a la presunción de inocencia, en perjuicio de la señora Cassez, tales conductas constituyeran la probable comisión de delitos que deberán investigarse con el objetivo de deslindar las responsabilidades que conforme a derecho correspondan y no queden en la impunidad”.
En sus conclusiones del informe, la CNDH indica que “el 9 de diciembre de 2005, servidores públicos de la entonces Agencia Federal de Investigación y del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, ambas pertenecientes a la PGR, quienes al tener a su cargo la investigación acerca de la privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro de una persona y de otros ilícitos ligados a éste, cometieron una serie de irregularidades en torno a dicha investigación que propició un efecto corruptor que vició el procedimiento penal respectivo, trascendiendo en su resultado y agraviando en última instancia a las víctimas del delito”.
Además, dicen las conclusiones, “esa actuación irregular provocó que, además de que se vulneraran los derechos humanos de la señora Cassez, tales conductas constituyeran la probable comisión de delitos. Para este organismo nacional, no quedó ninguna duda sobre la existencia de las violaciones a los derechos humanos atribuibles a elementos de la Procuraduría General de la República durante la escenificación ajena a la realidad que montaron el 9 de diciembre de 2005, y posteriormente a ésta”.
Dice que los servidores públicos de la PGR “involucrados en los acontecimientos, omitieron observar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público que se tradujeron en violaciones a los derechos humanos de la señora Cassez…”.
Por eso, añade, “el Estado mexicano tiene la obligación de investigar toda situación en la que se hubieran vulnerado los derechos humanos, en términos de lo que establecen los artículos 1o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de que las violaciones no queden impunes y se restablezca, en cuanto sea posible, a las víctimas del delito en la plenitud de sus derechos, garantizando que dichas irregularidades no volverán a ocurrir”.
En sus propuestas del informe especial, pide a la PGR se investiguen los hechos y se tomen las medidas conducentes para investigar los probables delitos y las faltas administrativas en que incurrieron los servidores públicos de la Procuraduría General de la República de aquélla época.
Y solicita la CNDH a la PGR “se tenga a bien colaborar con este organismo nacional en la presentación y trámite de la denuncia que se formule, con el objetivo de que se deslinden las responsabilidades correspondientes. Así también, que colabore en la queja que este organismo nacional presente ante la Visitaduría General de esa dependencia; en ambos casos, proporcionando las evidencias que se requieran para la debida integración de las indagatorias, hasta su total conclusión”.
