Como si estuviera atrapado en un extraño pantano del que por más que intenta no puede salir, el presidente Enrique Peña Nieto ahora se enfrenta a un nuevo desafío.
Y es que a 20 días de cumplirse el primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH a petición del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, informó en un documento de 550 páginas que:
La versión de que los normalistas hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, no es cierta. No hay evidencias de que un fuego de la magnitud requerida para ello haya ocurrido ahí, ni que los estudiantes hayan sido incinerados en ese basurero, afirma el informe de expertos internacionales.
En su documento, luego de 6 meses de análisis y revisiones del caso, el grupo de expertos afirma que el Gobierno Mexicano tampoco hizo lo que debió para localizar a los estudiantes cuyo destino es para ellos “aún incierto”.
En sus conclusiones dadas a conocer ayer, el grupo de la CIDH dice haber encontrado que hubo hechos no investigados, evidencias destruidas y la comisión de errores graves.
El grupo no señala responsables. Y afirma que existen todavía elementos que pueden llevar a la localización de los jóvenes.
Su conclusión final es que la investigación debe retomarse con nuevas líneas de trabajo.
Para realizar su trabajo, el grupo revisó 115 tomos del expediente del caso, cada uno de entre 1.000 y 2.000 páginas.
El informe se apoya en datos de la investigación oficial, pero los expertos solicitaron peritajes independientes, tanto médicos como forenses y de las distintas escenas de crimen.
DESTRUYE LA VERSIÓN OFICIAL
El informe dinamita e invalida la tesis de la investigación realizada por el equipo del entonces procurador Jesús Murillo Karam.
Y vuelve a colocar en el camino de la demolición pública a la ya muy mermada credibilidad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
Hasta ayer la PGR y el Gobierno había mantenido la versión de que los 43 normalistas fueron secuestrados a petición del alcalde José Luis Abarca por policías de Iguala y Cocula, Guerrero, y entregados a sicarios del cártel Guerreros Unidos –surgido del cartel de los Beltrán Leyva-, quienes los llevaron al basurero del municipio de Cocula donde los asesinaron e incineraron para luego tirar sus restos al río Cocula.
Murillo Karam indicó que esa era “la verdad histórica”.
Luego de conocer el informe de los expertos de la CIDH el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la PGR a ampliar la investigación y la titular de la dependencia solicitó a los expertos ampliar su estancia en México para coadyuvar en los nuevos trabajos judiciales del caso.
Los padres de familia y sus asesores encabezaron una conferencia de prensa en la que pidieron ser recibidos por el presidente Enrique Peña Nieto y en la cual expresaron su dolor y reclamo de búsqueda de los normalistas desaparecidos.
INTEGRANTES
El Grupo de expertos enviado por la CIDH está integrado por:
Carlos Beristáin, español con experiencia en atención integral a víctimas de violaciones de Derechos Humanos.
Ángela Buitrago, colombiana, abogada, ex fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de su país y especializada en la búsqueda de desaparecidos, casos de corrupción y asesinatos políticos
Francisco Cox Vial, chileno, abogado que participó en el proceso de extradición del dictador Augusto Pinochet a España.
Claudia Paz y Paz, guatemalteca, abogada, jueza penal durante 18 años y quien llevó a juicio al expresidente Efraín Ríos Montt.
Alejandro Valencia Villa, colombiano, consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Todos ellos, con base en opiniones, análisis y peritajes de expertos venidos de todo el mundo concluyeron que fue imposible que los 43 normalistas hubieran sido cremados en el basurero de Cocula.
La PGR sostuvo siempre que la mayoría de los 100 involucrados detenidos y encarcelados, que fue en ese basurero donde, con llantas, madera, basura, diésel y otros combustibles se creó una enorme hoguera para calcinar a los 43. Por instrucciones de su líder, capturado también, los sicarios recogieron los huesos que no fueron consumidos por el fuego, para ser triturados y luego ser colocados en bolsas de basura y arrojados al río.
Sin embargo el peritaje realizado por José Torero, miembro de la Universidad de Queensland, Australia, e integrante de la Academia Australiana de Tecnología e Ingeniería concluye que eso fue imposible.
En ese basurero –afirma el informe-, sólo hubo “fuegos de pequeñas dimensiones”. Tanto en basurero como en sus alrededores no había combustible suficiente para cremar tantos cuerpos, bueno, “inclusive uno”.
En síntesis, los expertos de la CIDH concluyen que la investigación de la PGR es errónea.
EL 5to AUTOBUS
El grupo de la CIDH dice que, desde que iniciaron sus trabajos hace 6 meses, dudaron respecto del número de autobuses en que iban los normalistas.
Las testimoniales oficiales de la PGR hablan de 4. Pero las víctimas afirman eran 5. En los testimoniales de estos, el chofer del quinto camión secuestrado por ellos llevó al grupo que iba en esa unidad a la terminal de Iguala, bajó y los dejó encerrados. Ellos pidieron ayuda a los otros y es por eso que los normalistas llegaron a Iguala cuando el objetivo era ir a otro lado.
Ese autobús es propiedad de Costa Line. A pesar de haber sido mencionado fue excluido de la investigación.
El dato, según los expertos de la CIDH es importante porque ellos fueron informados que en Iguala existe una red de tráfico de heroína hacia Estados Unidos, que mueve sus cargamentos en autobuses comerciales.
Si ello es cierto, el objetivo del secuestro y desaparición de los 43 podría ser el de impedir que los autobuses secuestrados salieran de Iguala. Es decir, eran parte del traslado de la droga a EU.
Luego entonces la hipótesis oficial de que su detención y desaparición fue ordenada por el alcalde, podría no ser la exacta.
“El negocio (de la heroína) que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque”, afirman los de la CIDH.
Cuando el grupo de la CIDH pidió a la empresa transportista poder revisar esa unidad, la compañía les entregó un autobús distinto.
El tema es que la PGR no incluyó a esa unidad en la investigación. ¿Por qué?, preguntan los expertos.
De ahí que el quinto autobús, “podriìa ser un elemento clave para explicar los hechos”, afirman.
¿PARTICIPARON MILITARES?
Otro punto álgido del informe dado ayer es el de que, durante la tarde del 26 de septiembre, luego de que los normalistas fueron enviados a secuestrar varios autobuses, sus movimientos fueron monitoreados por policías federales y militares.
“Fue una presencia constante”, dicen los expertos.
Testimonios recabados lo confirman. Hubo incluso agentes de inteligencia del Ejército en al menos dos de los escenarios. En este contexto los militares que llegaron al hospital donde estaba un grupo de estudiantes acompañando a varios de sus heridos, podría haber tenido otro objetivo.
Pese a que los expertos de la CIDH pidieron conversar con personal del 27 Batallón de Infantería asentado en Iguala, el gobierno no lo permitió.
EL C4 DEJÓ DE OPERAR
Un elemento más que confirma que hubo una acción coordinada en agencias es que el C4 local -la unidad de mando donde se concentran las diferentes policías y militares-, “extrañamente interrumpió su funcionamiento a ciertas horas”, precisamente las que siguieron a la detención de los estudiantes.
Estas inconsistencias y otras muchas hunden y anulan el informe de Murillo Karam. Hoy el Gobierno de Peña Nieto deberá iniciar otra investigación, ahora bajo la vigilancia de los expertos de la CIDH.
Y eso ocurre justo cuando Peña Nieto acaba de iniciar la segunda parte de su mandato con el puntaje más bajo de apoyo ciudadano.
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