Así lo declaró el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, quien comentó que si el gobierno federal pretende implementar un programa serio de austeridad, tal como lo señalan algunos analistas, podría empezar por sus gastos de publicidad o propaganda.
El legislador perredista declaró que el dispendio que se da entre los gastos de Comunicación Social de la Presidencia de la República y la Coordinación de Opinión Pública, están por arriba de los presupuestos del Canal 22 y TV UNAM juntos.
Lo más curioso de todo esto, dijo, es que el gobierno derrocha recursos para difundir de manera masiva su programa de austeridad, bajo el supuesto de evitar dispendios y usar los recursos que se tienen de manera eficiente.
Ante ello, pidió también que se revise y se informe tanto al Congreso de la Unión como a la opinión pública sobre la necesidad real de mantener o no en propiedad del gobierno mexicano el nuevo avión presidencial, porque “si se habla de austeridad el buen juez por si casa empieza”.
Refrendó el compromiso del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de impedir que se afecte a los programas sociales o los que impulsen el desarrollo económico del país, aunque de entrada, recordó, la Presentación de la Estructura Programática para el Presupuesto de Egresos 2016, dada a conocer en junio pasado, no trae buenos augurios.
Expuso que Hacienda propone emplear un total de 851 programas presupuestarios, lo que representa una disminución de 22.4 por ciento respecto al número de programas de la Estructura Programática vigente total.
El diputado Ojeda expresó que entre las propuestas más preocupantes, está la posible reducción de los recursos destinados a la prestación de servicios de educación superior y posgrado; mantenimiento de bienes patrimonio de la nación; la investigación científica y el desarrollo tecnológico; educación media superior: las escuelas de tiempo completo, y el programa nacional de becas.
Según el documento, para la integración de la propuesta de Estructura Programática 2016 se realizó un análisis de los 818 programas presupuestarios con los que cuentan los Ramos Administrativos y las Entidades de Control Directo, con el fin de identificar complementariedades, similitudes y/o duplicidades en los objetivos y alcances.
Según analistas económicos, dicha propuesta podría afectar el volumen de recursos asignados a los rubros de derechos humanos, defensa de mexicanos en el extranjero, derechos y cultura indígenas, financiamiento al campo y, sobre todo, educación, cultura y deporte.
Y por si fuera poco, enfatizó, podría perjudicarse al IMSS, ISSSTE y a las ahora llamadas empresas productivas del Estado, Pemex y CFE.
Ante dicho panorama, aseveró el diputado federal, todos los grupos parlamentarios que componen la Cámara Baja están obligados a actuar con responsabilidad social.
Ello, concluyó, para evitar que dicho programa de austeridad no se convierta en “simple programa de tijeretazos” que vaya en detrimento de la mayoría de los mexicanos.
