Al siguiente día el Palacio de Justicia fue recuperado aunque a un alto costo, pues murió casi un centenar de personas, en su gran mayoría ejecutadas por el M-19. Pero al mismo tiempo la acción del Ejército impidió que cientos de rehenes más corrieran la misma suerte.
Con el paso del tiempo respecto a este terrible suceso han aparecido lo mismo verdades que mitos bien calculados. Una verdad es que los del M-19 no actuaron solos, pues fueron financiados por el capo Pablo Escobar con el propósito de que su expediente judicial fuera destruido, tal como ocurrió.
El mito propalado por la izquierda es que hubo un “holocausto”, que los militares ejecutaron a los caídos y desaparecieron a parte de ellos. Pero esta mentira se convirtió en verdad judicial porque parte de la tragedia que Colombia ha sufrido por décadas es que áreas estratégicas del Estado y en particular de justicia han sido infiltradas y copadas por agentes de los terroristas, entre ellos jueces y fiscales.
Tal es el caso de la ex fiscal Ángela María Buitrago, la “reina de los falsos testigos”, quien acusó penalmente al coronel Alfonso Plazas Vega, responsable de la recuperación del Palacio de Justicia y logró en 2010 se le impusiera una sentencia de 30 años de prisión con base en pruebas falsas, por ella fabricadas.
Ironía infame. Ninguno de los responsables del asalto de la sede judicial que sobrevivieron ha pisado ni pisará la cárcel y en cambio está preso el héroe que salvó cientos de vidas.
Y la canalla que encarceló a Plazas Vega es ahora integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición del gobierno mexicano, dizque que para asesorar en el caso de los 43 desaparecidos -y ASESINADOS- de Ayotzinapa.
Ahora la misión de Buitrago es acusar falsamente al Ejército Mexicano por esa masacre como hizo contra Plazas.
