En un punto de acuerdo que presentaron en la Comisión Permanente, Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez y Antonio León Mendívil exponen su preocupación de que, por un lado, hay un crecimiento de la población en pobreza, y por el otro, se aplica un aumento sorpresivo al litro de leche que comercializa Liconsa, de 4.50 a 5.50 pesos.
Relatan que Liconsa es una empresa paraestatal sectorizada a Sedesol, responsable del Programa de Abasto Social de Leche, dirigido a la atención prioritaria de 6 millones 430 mil personas, y anualmente distribuye mil millones de litros, apoyando a las personas cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar.
De acuerdo con la Sedesol, y en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, este programa tiene un papel central en las acciones para garantizar el derecho a la alimentación de las personas a través del acceso a la leche fortificada de calidad.
Alonso Raya, Belaunzarán Méndez y León Mendívil argumentan que se debe analizar este incremento por los altos niveles de desnutrición que padece la población infantil.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2012, el 13.6 por ciento de los niños mexicanos menores de cinco años padece desnutrición crónica, y en las zonas rurales del país se eleva hasta el 27.4 por ciento.
Cuestionan: ¿cómo va a repercutir este incremento al precio de la leche en la población de menores ingresos? ¿Bajo qué evaluación o criterios, dentro de los objetivos del programa, se autoriza un alza de más del 20 por ciento?, y ¿cómo contribuye este aumento a bajar los índices de pobreza y desnutrición en la población?
En el documento, los diputados exponen, además, que el informe reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la pobreza multidimensional en México sostiene que las acciones públicas de la actual administración federal para el combate a la pobreza han fracasado.
Los datos, aseguran, son contundentes: en el 2012 había en el país 53.3 millones de pobres y en el 2014 aumentaron a 55.3 millones. Dos millones de pobres más que en el inicio de la actual administración.
Además, se elevó la dimensión de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar de 60.6 millones en 2012, a 63.8 en 2014, es decir, 3.2 millones de personas más reciben ingresos por debajo de los requeridos para alcanzar el mínimo de bienestar. En ese periodo, agregan, aumentó en 600 mil el número de personas con carencias para el acceso a la alimentación.
Estos resultados de la política social, añaden, requieren que se realice una evaluación seria y profunda de las acciones, gasto y programas sectoriales que en el ramo de desarrollo social efectúa el Ejecutivo Federal para el combate a la pobreza.
“El pueblo de México necesita saber qué ha fallado en las políticas públicas para reducir los índices de pobreza, bajo qué criterios se focalizan las prioridades de atención poblacional, cómo y en qué se gastan los recursos públicos orientados a mejorar el nivel de vida de la población”, afirman.
