Indicó que la proporción que los gastos fiscales del sector rural significan en los gastos totales es similar a la que el sector primario aporta al PIB nacional que, durante el periodo referido, fue de 3.2 por ciento.
En el documento “Presupuesto de gastos fiscales 2015 y su incidencia en el sector rural”, el CEDRSSA reveló que estos egresos, a través de los cuales se financian políticas públicas, reflejan, en su mayoría, una tendencia a la baja.
Detalló que el renglón con más disminuciones en el periodo 2002-2015, fue el del Impuesto Sobre la Renta (ISR) empresarial, el cual se acentuó en 2014 al bajar 56 por ciento respecto a los tratamientos que recibían las empresas agropecuarias en 2013.
Esta situación se fundamenta en las modificaciones que sufrió la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que incorporó a los productores de mayores ingresos a un mecanismo de contribución general aplicable al resto de los contribuyentes, señaló.
Por su parte, el ISR para personas físicas refleja una tendencia a la baja del 2008 al 2011, y desde ese año muestra una recuperación para ubicar el presupuesto de gastos por este concepto como el mayor, en términos nominales, del periodo 2002-2015, con un monto de 3 mil 854 millones de pesos.
El CEDRSSA indicó que también destaca el comportamiento del acreditamiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de diésel al sector agropecuario y silvícola en el año 2015; este concepto constituyó el 21 por ciento de los gastos fiscales totales para el sector rural.
Mencionó que los gastos fiscales en el 2015 muestran el mayor incremento respecto al año anterior durante el periodo 2002-2015, con un aumento de 60 por ciento en términos nominales. En tanto, los gastos fiscales del sector rural en promedio, en ese mismo lapso, representaron el 3.5 por ciento de los gastos fiscales totales.
En 2015, los gastos fiscales rurales ascendieron a 13 mil 388 millones de pesos (mdp), y fueron ligeramente superiores a los fiscales de la tasa cero aplicada a medicinas (12 mil 999 mdp) y significaron el 7.3 por ciento de los gastos correspondientes a las tasas reducidas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) (182 mil930 mdp).
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria argumentó que los gastos tributarios constituyen una de las herramientas que utilizan los gobiernos para financiar sus políticas públicas, pero deben estar sujetos a los mismos controles y criterios de transparencia que el gasto público directo, tal como lo recomiendan diversos organismos internacionales.
En México, dijo, es importante dimensionar los gastos tributarios para el sector rural, ya que anualmente se destinan importantes sumas de dinero tanto a través del gasto directo como mediante tratamientos preferenciales al campo.
Puntualizó que en este contexto, el gobierno podría avanzar y complementar periódicamente el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) con análisis detallados sobre la eficiencia de los gastos fiscales para los distintos sectores beneficiados.
Esta situación contribuiría a transparentar las acciones de política económica en materia tributaria y con base en ello evaluar qué gastos fiscales funcionan y para cuáles vale la pena incurrir en pérdidas recaudatorias, así como cuáles podrían reducirse o ser sustituidos por instrumentos más eficientes de gasto directo, comentó.
