Para ello, presentó una iniciativa que reforma los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional, la cual fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública, en la que también plantea la integración de un representante del Sistema Nacional Anticorrupción.
En el documento, Amaya Reyes indicó que la desafortunada fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, confirma que la deshonestidad es una amenaza a la seguridad nacional; por ello, dijo, se debe dejar de concebir a este fenómeno como un tema cultural y de idiosincrasia, y tomarlo con seriedad, pues agrava los déficits de credibilidad y confianza sobre las leyes y el Estado de derecho.
Subrayó que este factor es una de las causas por las cuales ha fracasado la lucha por recobrar la paz y recuperar amplias franjas del territorio nacional en manos del crimen organizado.
La legisladora definió a la corrupción como una “penosa conjugación de una serie de omisiones, indiferencias, complicidades y corruptelas, tanto a nivel social como institucional”
Añadió que la reforma tiene como objetivo redimensionar el tema de la corrupción, para colocarla de manera explícita como una de las amenazas que atenta contra la seguridad nacional, a fin de que pueda ser prevenida, combatida y castigada de manera más eficaz.
Además, agregó, contribuirá a la evolución del escenario de seguridad interior de los últimos años, respecto a uno de los factores de riesgo que originan la violencia y la delincuencia, las cuales han aumentado la impunidad y la corrupción en México.
Por otra parte, la legisladora exhortó a los integrantes de la próxima legislatura a expedir de manera pronta y responsable las leyes reglamentarias en materia anticorrupción y, con ello, dar un marco jurídico certero para abatir este mal que tanto daña a las instituciones y, sobre todo, a la sociedad.
Asimismo, apremió a corregir de forma estructural la improvisación y propensión reactiva que manifiestan las diversas áreas civiles de seguridad, y en su lugar tener una auténtica estrategia de política estatal encaminada a la consecución efectiva del Estado de derecho.
“El Ejecutivo está obligado a asumir con toda responsabilidad los errores de su administración y replantearse un ajuste de fondo en toda su estrategia de seguridad, con el acompañamiento del Poder Legislativo para poner al día el marco jurídico que permita restablecer la paz”, puntualizó.
En caso del Poder Judicial, recomendó que éste debe dejar de lado la displicencia con la que viene actuando, y consideró que la ciudadanía requiere ser reconducida con liderazgo institucional, para “abandonar su indolencia frente a la desastrosa realidad”.
