La vicepresidenta de la Cámara de Diputados le pidió a la Comisión Permanente que la comparecencia de los funcionarios federales se realice en un plazo máximo de cinco días hábiles, una vez aprobado el Punto de Acuerdo, para saber las condiciones bajo las que se dio la evasión carcelaria de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, El Chapo” el pasado 11 de julio de 215.
El informe deberá contener por lo menos lo siguiente: a) Las circunstancias de tiempo y modo y lugar bajo las cuales se realizaba la custodia del reo evadido, las medidas de seguridad que se implementaron respecto de quienes le visitaban al interior del penal y el total de las indagatorias o denuncias administrativas iniciadas sobre la presunta utilización de documentos oficiales apócrifos por parte de los visitantes; b) El horario, acciones y medidas implementadas al interior del penal federal al identificarse la evasión del reo; c) Las autoridades alertadas del hecho, señalando el horario y las acciones y medidas que fueron ejecutadas en coordinación con éstas para la inmediata persecución, así como las acciones y medidas de vigilancia en carreteras y caminos, terminales aéreas y aeródromos, centrales camioneras y estaciones de ferrocarril del Estado de México y las entidades vecinas al mismo; d) Las acciones y medidas relativas a la custodia y manejo de la información relacionada con el diseño y la construcción del penal federal burlado; e) Los programas de mantenimiento estructural, sistema eléctrico e hidrosanitario y las acciones ejecutadas al interior e inmediato exterior de realizadas como parte del mismo en los años 2013, 2014 y 2015 realizadas al interior y exterior del mismo; f) Las medidas que se han tomado a partir de la realización de la fuga del mencionado delincuente; g) Los procedimientos administrativos que se han implementado para sancionar a los funcionarios probablemente responsables del citado evento y; h) Las acciones y medidas implementadas para evitar que presente la fuga de otros delincuentes procesados, localizados al interior de cada uno de los centros federales de readaptación social.
La también secretaria de la Primera Comisión de la Comisión Permanente pidió que en esa posible comparecencia, la Procuradora General de la República informe sobre los siguientes rubros: a) Las gestiones realizadas respecto de la petición formal que desde el mes de junio del año en cuso existía por parte del Gobierno de los Estados Unidos para la extradición de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera,El Chapo, así como las gestiones realizadas ante la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Seguridad Nacional relacionadas a su vigilancia y custodia hasta en tanto se resolviera la petición del Gobierno de los Estados Unidos de América; b) Si existe alguna indagatoria relativa a la utilización de documentos presuntamente apócrifos relacionados con la estancia de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, El Chapo, al interior del penal de máxima seguridad No. 1 “El Altiplano” y en caso de ser así, cuál es el avance que se tiene en la integración de la misma; c) El avance en las indagatorias iniciadas con motivo de la evasión de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, El Chapo del penal de máxima seguridad del Altiplano I, el pasado 11 de julio de 2015.
Asimismo, Rosas Montero aseveró que el PRD, a través de sus bancadas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, también promovió ante la Comisión Permanente una Iniciativa con proyecto de decreto que Reforma los artículos 21, 69 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y sistema penitenciario, con el objetivo de restituir la Secretaría de Seguridad Pública federal como órgano encargado específicamente de la función de seguridad pública del país.
La diputada del PRD citó la argumentación de la Iniciativa: “Ante los recientes sucesos que involucran la fuga de un penal de máxima seguridad del principal líder de la más importante organización delincuencial del país, como hechos graves que denotan que la concentración de potestades en la Secretaría de Gobernación generó una dispersión de las posibilidades para su ejercicio, un relajamiento en la cadena de mando entre las autoridades encargadas de las funciones de seguridad pública y del sistema penitenciario, (se) propone retomar a nivel constitucional los controles democráticos antes desarrollados y adicionarlos con la ratificación de los servidores públicos encargados de ejecutar las funciones de seguridad pública, del sistema penitenciario federal y de seguridad nacional, así como establecer el mecanismo de moción de censura para ambos servidores.
“Así, en una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se presenta correlacionada con el presente proyecto, se propone reinstituir la Secretaría de Seguridad Pública como órgano encargado específicamente de la función de seguridad pública, prevención del delito, política criminal y sistema penitenciario; manteniendo las funciones de concertación política y gobernanza interior en el Secretario de Gobernación, al que le son naturales”.
La vicepresidenta de la Cámara de Diputados aseguró que Joaquín Archibaldo Guzmán, El Chapo, narcotraficante líder del cartel de Sinaloa es considerado desde hace 14 años el criminal más peligroso del mundo de acuerdo al Federal Bureau of Investigation (FBI por sus siglas en Inglés). Ha sido dos veces capturado y encarcelado por el Gobierno de nuestro País, pero también en ambas ocasiones antes de ser sentenciado se ha fugado de las prisiones federales que le mantenían cautivo.
La primera del Penal de “Puente Grande” en Jalisco, en 2001, durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada, sitio dónde el narcotraficante y homicida escapó supuestamente escondido al interior de un carro de lavandería; la segunda evasión del delincuente se dio el pasado día 11 de julio en la gestión de Enrique Peña Nieto a través de la presunta utilización de un túnel de 1.5 kilómetros de largo que comunicaba la celda ocupada por El Chapo con una bodega de reciente construcción en una colonia popular aledaña al centro penitenciario.
Las evasiones carcelarias de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera se encuentran rodeadas de inverosímiles relatos y declaraciones de quienes le custodiaban y al final la escena es la misma, El Chapo sólo ha estado de vista temporal en dos de las prisiones federales de máxima seguridad en consecuencia a la vulnerabilidad de los aparatos e instituciones de seguridad en nuestro país.
La vergüenza e indignación internacional generada por la debilidad y corrupción de las autoridades mexicanas encomendadas a la seguridad debe reclamarse principalmente a quienes hoy encabezan la Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Estas dependencias federales, en el marco de sus facultades y atribuciones, eran las encargadas de la custodia del delincuente más peligroso del mundo y fueron éstas mismas quienes con acciones u omisiones facilitaron su más reciente escape.
La fuga de Guzmán Loera exhibe a nuestra nación como mayormente insegura y éste hecho acarreará en el corto y mediano costos elevados en la economía nacional, principalmente en los rubros de inversiones, turismo y comercio. Existen estudios diversos que establecen que una nación segura es también una nación que invita a la llegada de inversión extranjera al mismo tiempo que se fomenta el comercio en el interior y se convierte en un espacio atractivo para el turismo.
Los lamentables hechos acontecidos el día 11 de julio de 2015 al interior del Penal Federal conocido como el “El Altiplano” merecen una explicación amplia, clara, concisa y directa por parte quienes eran y son aún encargados de la seguridad nacional. El reclamo y la inconformidad de la sociedad no deben atenderse con respuestas limitadas que mezclan relatos ingenuos con dosis de opacidad y mezquindad, como hasta hoy se ha hecho.
El Gobierno Federal debe cumplir con explicaciones exhaustivas sobre los hechos que derivaron en la fuga de Guzmán Loera, la investigación y sanción a quienes hayan fallado en sus tareas de seguridad facilitando la penosa evasión y finalmente la persecución infatigable del reo hasta lograr su reaprehensión.
En éste contexto, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión recibió el día 16 de julio de éste 2015, en reunión privada, a los Titulares de la Segob, la PGR, la CNS y el Cisen, pero desafortunadamente el resultado del encuentro no saldó las dudas dada la escasa argumentación esgrimida por los funcionarios visitantes.
Corresponde al Congreso de la Unión reiterar a los Titulares de las mencionadas dependencias federales que la rendición de cuentas que entraña el servicio público resulta una tarea ineludible en escenarios como el actual y que las respuestas que se sirvan brindar coadyuvarán en el resarcimiento del agravio ciudadano y la confianza hacia las instituciones encargadas de la seguridad nacional.
Los Titulares de la Segob, la PGR, la CNS y el Cisen no pueden asumirse en la falta de respuestas ante la sociedad y sus representantes parlamentarios cuando la deuda en materia de seguridad y procuración de justicia hoy arroja un saldo vergonzante e histórico: los cinco criminales más buscados en el mundo por el FBI y la INTERPOL operan libremente a lo largo y ancho del territorio nacional como son Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, El Chapo; Ismael Zambada Niebla, El Mayo; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; Juan Pablo Ledezma, El JL; e Ignacio Rentería Andrade El Nacho.
La ciudanía espera respuestas exactas y el Congreso de la Unión será siempre un canal de escucha y respuesta al reclamo social que no se conformará ni despejará sus dudas con tres videos televisivos ampliamente difundidos en horario estelar y los ceses de la Coordinadora Nacional de Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera Parra; el Titular del Organo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Juan Ignacio Hernández y del Director del Centro Federal de Readaptación Social No.1 “El Altiplano”, Valentín Cárdenas Lerma, quién además presuntamente fue consignado junto a otros seis servidores públicos cuyos nombres no se han conocido.
El Gobierno Federal debe aclarar por conducto de la PGR, entre otras dudas, las surgidas en torno a la petición formal que desde el mes de junio del año en cuso existía por parte del Gobierno de los Estados Unidos para la extradición de Guzmán Loera, así como las posibles gestiones realizadas ante la autoridad carcelaria respecto de la custodia del capo hasta en tanto se diera respuesta a la petición. Los avances en la investigación que se inició para el esclarecimiento de los hechos deben también conocerse en la medida que la ley lo permite.
La Segob, la CNS y el Cisen deberán responder a nombre del Gobierno Federal, entre dudas, sobre las surgidas respecto al manejo y resguardo de la información de las condiciones constructivas y de programas, acciones y medidas mantenimiento del multicitado penal federal, las acciones de vigilancia y custodia ejecutadas sobre Guzmán Loera y las personas que le visitaban al interior del centro penitenciario, dado que son públicas las referencias sobre la presunta utilización de documentos oficiales apócrifos por parte de algunos ellos, destacándose el reciente caso de la vista de una Legisladora Local por el Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, según lo consignaron diversos medios de comunicación a nivel nacional.
Igualmente es exigencia ciudadana para la Segob, la CNS y el Cisen el despejar dudas sobre la ejecución de los protocolos de operación aplicados en esa prisión federal el día de los hechos, antes y después de la fuga de Guzmán Loera, así como la coordinación que se ha establecido con las autoridades nacionales y extranjeras en relación con la persecución y re aprehensión del reo evadido.
México no merece ser señalado por el resto del mundo como un sitio de amplia impunidad para los criminales. La falla del sistema de seguridad y procuración de justicia observada en la evasión carcelaria de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, El Chapo, del penal de máxima seguridad del Altiplano I, a consecuencia de la corrupción que prevalece en altos niveles de nuestro gobierno obligan al Ejecutivo Federal a determinar la continuidad o no en el cargo de quienes fallaron por acción u omisión, directa o indirectamente en las sensibles e importantes labores que les fueron encomendadas.
