La perredista Elena Tapia Fonllem y la morenista Loretta Ortiz Ahlf consideraron inaceptable que los mandos de la 22/a Zona Militar hayan emitido la orden de “abatir “delincuentes” en operaciones nocturnas, lo que claramente consiste una incitación a la tropa para atropellar los derechos de las personas.
Una decisión institucional de esta naturaleza, como revelan documentos recogidos en el informe del Centro ProDH, opaca cualquier esfuerzo para el avance del respeto y protección de los derechos humanos que pudiera realizar el Gobierno Federal, añadieron las diputadas de oposición.
Este jueves 2 de julio de 2015, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) presentó su informe “Tlatlaya a un año: La orden fue abatir”. En dicho documento, esta organización analiza la actuación de las instituciones públicas sobre el asesinato de 22 personas en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, además de que plantea numerosas observaciones y recomendaciones que ameritan una alta prioridad.
Expresamos nuestro reconocimiento al Centro ProDH en la defensa y acompañamiento de las víctimas y en la lucha por el derecho a la justicia y a la verdad en un caso paradigmático de ejecuciones extrajudiciales que ilustra la grave crisis en derechos humanos que aqueja a la sociedad mexicana.
Señalaron que existe una gran incertidumbre acerca de los procesos que enfrentan los integrantes del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por parte de las autoridades federales, lo que afecta la posibilidad de que se modifiquen los patrones de abusos e impunidad que prevalecen en muchas de las actividades que desempeñan los cuerpos de seguridad pública y las fuerzas armadas.
La Procuraduría General de la República debe redoblar esfuerzos para brindar resultados a la sociedad de sus investigaciones penales sobre el caso Tlatlaya, sin ningún pretexto de “seguridad nacional” ni de cualquier otra índole, y sin importar la jerarquía de los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los funcionarios del Gobierno del Estado de México que hayan estado involucrados en los hechos o en su presunto encubrimiento.
Hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales a fin de que consideren los aportes de las organizaciones de la sociedad civil sobre el caso Tlatlaya para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y para emprender una transformación profunda de la política de seguridad y adoptar una política de Estado para atender a las violaciones los derechos humanos.
