En el marco de la entrega de la estructura programática para el Presupuesto de Egresos 2016, el diputado federal “hasta ahora la explicación y la información que se ha dado a los legisladores no es suficiente, se tendría que plantear con mayor claridad al Congreso de la Unión las razones por las cuáles se sustituyen o fusionan algunos programas, no porque estemos en contra de que simplifique, pero se tiene que hacer respetando la legalidad y explicando con precisión; con el objetivo de lograr mayor austeridad y concreción en los fines que persigue cada uno de los programas”.
Bajo esta perspectiva, Alonso Raya argumentó que “cualquier ajuste tiene que hacerse observando la ley. En el caso de la resectorización del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) están violando la ley que reglamenta el artículo 25, fracción séptima de la Constitución, en donde se establece que ese Instituto se crea para darle viabilidad a la economía social. No es un Instituto destinado para los pobres, sino que tiene como objetivo principal el desarrollo de la economía social”.
El coordinador perredista consideró que “tiene sentido desaparecer programas que se dupliquen o que se hayan distorsionado, pero eso amerita una explicación de los motivos por los cuáles se propone eliminarlos”.
Explicó que también se debe revisar el objeto de algunos de los más de mil programas que tiene el gobierno y que indiscutiblemente favorecen a sectores que ya de por sí son beneficiados vía de impuestos o subsidios, como los que reciben algunas grandes empresas como Maseca, Bachoco, entre otras”.
Y en otros casos, añadió, “se deben revisar programas como PROAGRO (antes PROCAMPO) y PROSPERA, que presentan distorsiones que tienen que corregirse”.
Dijo además “que la fusión o eliminación de programas tiene el riesgo de no derivar necesariamente en la reducción en el ejercicio del gasto ni en su eficiencia, sino en una mayor opacidad que impida el pleno ejercicio de las facultades de los legisladores para analizar, discutir y aprobar el Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Es indispensable, en consecuencia, advertir sobre los problemas que, respecto a la transparencia, evidencia el documento”.
“Para nosotros, todo está por verse, revisarse y discutirse. La sociedad debe incorporarse a este gran debate, sobre todo porque se verá afectada. La discusión, si es seria, debe iniciarse por el lado de los ingresos, no del gasto. A menos que la prioridad para Hacienda sea recortar, fusionar, eliminar, resectorizar y compactar programas con el fin de profundizar la austeridad presupuestal. Antes de esto, se debe revisar, al menos, los crecientes niveles de endeudamiento que tiene el país”, indicó.
Desde la perspectiva del legislador guanajuatense “los tiempos son cortos, y siendo realistas es prácticamente imposible construir integralmente un nuevo presupuesto base cero y una nueva estructura programática. Mucho menos si no se nos da la información completa”.
Bajo este escenario, precisó que “el compromiso inmediato que se debe asumir es posibilitar una discusión amplia y seria sobre la política fiscal, vista integralmente, es decir que se incorporen a la discusión los ingresos, los gastos y la deuda pública”.
Advirtió que “es importante tomar en cuenta que los compromisos presupuestales previos (inerciales), necesariamente complicarán la integración y la estructura del presupuesto base cero. De acuerdo con datos de la Auditoria Superior de la Federación, los compromisos ineludibles e inerciales llegan a 78% del total del presupuesto”.
“Los gastos ineludibles o inerciales son crecientes: el servicio de la deuda, las pensiones, aportaciones y participaciones estatales, entre otros”, explicó el legislador guanajuatense.
Y acotó que “es importante recordar que el presupuesto base cero, es sólo una estrategia presupuestaria más, que pretende reducir drásticamente el crecimiento del gasto, eliminando programas con el fin de restablecer el equilibrio presupuestal”.
En opinión del coordinador perredista “el gran reto del Poder Legislativo es cumplir con los compromisos de reorientar la política fiscal (ingresos, gasto y deuda), hacia un impulso real e inmediato al crecimiento de la economía; así como reducir los niveles de desigualdad y de pobreza”.
Agregó que “la estructura programática que se nos propone, es sólo un nuevo catálogo de programas presupuestales. En donde se eliminan 246 de ellos con criterios muy poco claros”.
“Hay que decir que cualquier recorte, fusión, eliminación, resectorización, o compactación del presupuesto, siempre tiene consecuencias políticas, económicas y sociales importantes y mucho más en un entorno de austeridad, con creciente desigualdad, exclusión social y sobre todo de un crecimiento económico mediocre e insuficiente”, concluyó.
