La dependencia señaló que por parte de la Sedena “está pendiente la determinación de responsabilidad en el ámbito militar de los servidores públicos involucrados”. De igual forma subraya que la PGR mantiene en integración el desglose de la averiguación previa PGR/Seido/UEITA/161/2014, para investigar la responsabilidad de otras personas en los hechos.
En tanto, al gobierno del estado de México le quedan pendientes los puntos relacionados con la indemnización y atención médica y sicológica a las víctimas y la determinación ministerial y administrativa de los responsables de violaciones a derechos humanos.
El ombudsman nacional resalta en su comunicado que ha dirigido oficios a los titulares de Sedena, PGR y al gobierno del estado de México en los cuales ha insistido en que acrediten el avance de cumplimiento de los puntos recomendatorios, para lo cual deben presentar pruebas ante la CNDH.
Más adelante, este organismo subraya que mantiene su puntual seguimiento al cumplimiento de la recomendación 51/2014 y continúa brindando atención a las víctimas para que hagan efectivos los derechos que les asisten.
La CNDH indica que en el caso Tlatlaya hay “violaciones graves a derechos humanos” que lastiman a la sociedad y no deben repetirse.
De igual forma, detalla que presentó tres denuncias ante la PGR, PGJ Estado de México, y PGJ Militar y tres quejas para investigar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados (Inspección y Contraloría General del Ejército, Visitaduría General de la PGR e Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México), mismas que se encuentran en curso.
