Por ello, los legisladores María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz propusieron exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para que en el marco de sus facultades obligue a los bancos a mantener una actualización permanente de los datos de los beneficiarios de las cuentas bancarias, como una medida de protección al ahorro de los usuarios.
En el documento, que fue presentado ante la Comisión Permanente, detallaron que en el sistema bancario mexicano hay más de 25 mil millones de contratos de cuentas de débito, cuya tarjeta es la que más se utiliza, pues de 100 movimientos que se registran en la red de cajeros para disponer de dinero, 95 provienen de este medio de pago.
Aclararon que en el momento de solicitar una cuenta de débito, en el contrato se establece el requisito de nombrar a cuando menos un “beneficiario” al que el titular designa para recibir los recursos del saldo de la cuenta en caso de fallecimiento; sin embargo, en este aspecto los bancos no ponen interés.
Las instituciones de crédito solicitan el nombre del designado, su teléfono y una dirección que no exige detalle preciso para su localización; además, no verifican los datos ni mucho menos los actualizan, demostrando un franco desinterés por años e incluso por décadas.
Corona Nakamura y González Reséndiz mencionaron que las instituciones bancarias sólo ofrecen sus servicios para “administrar y manejar” el dinero que el titular les deposita en confianza, quien les deja a su entera responsabilidad el uso, destino y finalidad de “su” dinero.
Enfatizaron que esta problemática es relevante, porque se han registrado cada vez más sucesos en donde siendo muchos y diversos los factores, los familiares directos o al menos los beneficiarios no saben que han sido designados como tales e incluso ni siquiera saben de la existencia de alguna cuenta de débito bancaria de un ser cercano.
En casos desafortunados, en donde el titular de una cuenta pierda la vida de manera inesperada, el dinero jamás llega a quien debía recibirlo, porque la institución bancaria quizás no cuenta con la información para localizar a los beneficiarios.
“Debemos garantizar a todos los usuarios del sistema bancario y en específico de aquellos que usan y disponen de una cuenta de débito, la tranquilad y la certeza de que en el lamentable caso de su definitiva ausencia involuntaria, su dinero llegará a las personas que él –sin importar cuantos años hayan pasado- hubiese designado en su momento”, afirmaron.
Por ello, plantearon que las instituciones bancarias, al detectar que no se realiza ningún movimiento en el transcurso de un año en alguna cuenta bancaria de débito, así como en el uso de la tarjeta o plástico correspondiente, asuman una responsabilidad solidaria para que busquen y notifiquen expresamente por escrito a los designados como beneficiarios.
