Mediante un punto de acuerdo, solicitan a la Comisión Permanente exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que elabore una estrategia que atienda la problemática, pues la falta de recursos humanos para que la población desfavorecida acceda a los servicios de salud se cubre con ese personal, quienes, aseguran, en ocasiones llega a zonas donde azota el crimen organizado.
Alonso Raya, coordinador del PRD en San Lázaro, y Sansores Sastré, secretario de la Comisión de Salud, refieren los casos de Paulina Méndez, María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, el primero ocurrido el 26 de octubre de 2014, y los otros dos en las primeras semanas del mes en curso.
Paulina Méndez, estudiante de la especialidad de traumatología en el Hospital General Regional de León, Guanajuato, fue asesinada en un asalto luego de resistirse a ser despojada de su computadora portátil por un sujeto quien la apuñaló en el pecho.
Por otra parte, el pasado 8 junio, Duarte Jiménez, pediatra neumólogo del Hospital Ángeles en Culiacán, Sinaloa, fue interceptado por sujetos armados cuando salía de trabajar. Su cuerpo fue hallado al día siguiente del rapto, en estado de calcinación, en la carretera internacional México 15 al Rancho Las Brisas.
Recientemente, el 14 de junio, Adona Ponce, estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien prestaba su servicio social en la Unidad de Atención Primaria en Salud en el municipio de Romita, Guanajuato, fue encontrada sin vida cerca de Cuerámaro, del mismo estado.
Cabe destacar que la occisa había denunciado con anterioridad un intento de robo en su casa, el cual fue ignorado tanto por las autoridades locales como por la Secretaría de Salud.
“Los homicidios relatados deben esclarecerse, pero, además, esta Comisión Permanente debe pedir a las autoridades que se den condiciones que garantice la seguridad e integridad de los pasantes, profesionales y prestadores de servicio social en medicina”, enfatizan los diputados en su documento que ya analiza la Primera Comisión.
