Sin embargo dijo que están “cuidando” la garantía de legalidad en el procedimiento, “se trata de un asunto muy importante, es un asunto clave que tiene que ver con los temas vinculados con este elemento en el proceso y lo que hemos planteado es la necesidad que se cumpla estrictamente con la legalidad”, señaló el funcionario en entrevista durante la inauguración del “Curso Internacional de Alta Formación 2015. Políticas pública discriminatorias”
Es uno de los temas, manifestó, que se han venido comentando con el grupo de la CIDH, al que el gobierno mexicano pidió que se le permitiera hacer el análisis jurídico suficiente para garantizar que esta diligencia no vaya a tener una consecuencia negativa en el proceso.
“Ellos (CIDH) tienen un plazo inicial que termina a fines de agosto. No hay nada resuelto si será necesario ampliar el mandato, es un asunto que no se ha discutido. Se está trabajando a partir de los requerimientos de la comisión. Tenemos gente muy capaz en la comisión, estamos haciendo el esfuerzo para aprovechar su experiencia y su talento en la medida de lo posible”.
Respecto al caso Apatzingán, donde algunos sobrevivientes declararon que elementos federales perpetraron una matanza, el funcionario aseguró que se trató de un caso de legítima defensa.
“Hace algunos días se publicó un desplegado por un grupo de organizaciones exigiendo información sobre el caso de Apatzingán. Lo que hice fue enviarles una carta, tuvimos una reunión en la oficina y les mostramos la información que tenemos, que acredita desde el punto de vista de la información del expediente, que se trató de un caso claro de legítima defensa.
“Lo hemos hecho también con algunos medios de comunicación que en lo individual han solicitado información. Insisto, se trata de procesos que están en curso, lo cual nos obliga a ser cuidadosos en la reserva de la información. Pero lo que hemos hecho es dar información y explicaciones, sin violentar el marco jurídico, con quienes han solicitado información. Esto es lo que estaremos haciendo.
La restricción en el caso de los procesos que están en curso, añadió, nos implica una limitación. Pero la indicación del secretario de Gobernación es para que, sin violentar el orden jurídico, todos aquellos que requieran información puedan contar con ella, concluyó Campa.
