La dependencia informó que Lozada Álvarez ingresó al STC como personal de base el 2 de junio de 2010, y su más reciente categoría laboral fue “Asistente Administrativo A”, adscrito a la Subgerencia de Mantenimiento Sistemático Ticomán.
Debido a que Lozada registró varias inasistencias laborales el 25, 30 y 31 de marzo, y del 1 al 17 de abril, el organismo decidió retirarlo de la nómina.
Debido al apoyo que le dio el líder sindical, el boxeador se integró a la nómina del Metro obteniendo un salario de 7 mil 400 pesos mensuales como asistente Administrativo A, además de más de dos mil 421 pesos como bono mensual.
Esta persona estuvo cobrando en el transporte naranja hasta marzo pasado, fecha en que la Procuraduría del estado de México lo detuvo por los delitos de homicidio y tráfico de drogas.
“El 29 de mayo de 2015, Michael Gabriel Lozada Álvarez, por medio de un escrito, solicitó a la Dirección General del STC la suspensión de su relación laboral” debido a que se encontraba recluido en el penal de Barrientos y bajo proceso penal por los delitos de homicidio y tráfico de drogas y sus nexos con el cártel de Sinaloa, informó el STC Metro.
Así, el organismo “resolvió aplicar su baja administrativa como trabajador de base del Organismo y también dio conocimiento a la Contraloría Interna para los efectos legales a que haya lugar”.
Espino Arévalo debe informar sobre manejo de recursos
Ante el presunto desvío de recursos públicos por parte del Secretario General del Sindicato Nacional del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), Fernando Espino Arévalo, la presidenta de la Comisión de Movilidad, diputada Claudia Cortés Quiróz informó que solicitará a la Contraloría General del Distrito Federal investigue a fondo el manejo de los recursos públicos de que ha dispuesto dicho sindicato.
En el 2013, legisladores locales asignaron mediante un anexo al Presupuesto de Egresos para 2014, la cantidad de 20 millones de pesos que el líder de los trabajadores del Metro, Fernando Espino solicitó con el argumento de mejorar la sede sindical, así como los servicios de los trabajadores de este medio de transporte.
La diputada cuestionó que más de 2 millones de pesos al año “se destinen para cubrir el salario de 14 boxeadores, dos entrenadores y un réferi, en total 17 personas, que el propio Fernando Espino utiliza para negocios en paralelo y los ha presentado en funciones de box en instalaciones públicas, de manera indebida y con servidores públicos de Seguridad Industrial pagado por el STC”.
La diputada solicitará a la Contraloría lleve a cabo una investigación profunda acerca de las recientes irregularidades en el manejo de los recursos otorgados, así como de los presuntos abusos y violaciones a las Leyes en las que pudiese incurrir el sindicato y su secretario general.
“Fernando Espino Arévalo debe evitar escudarse en el fuero y rendir cuentas ante legisladores y trabajadores del STC”, dijo Claudia Cortés Quiróz.
