Así lo reveló la diputada Sonia Rincón Chanona (NA), de acuerdo a datos de la Red por la Protección de los Derechos de los Niños. Agregó que la poca atención a los jóvenes genera que sean un blanco fácil para los grupos del crimen organizado.
Por otro lado, destacó que entre el 2008 y 2014, 10 mil 939 adolescentes fueron sometidos a medidas de sanción correctivas, de los cuales 10 mil 583 ingresaron a centros de readaptación social en 2012, 9 mil 888 eran hombres y 695 mujeres.
Detalló que se calcula que fue reincidente el 21 por ciento del total de los adolescentes que ingresaron en el 2012 a un centro reformatorio de menores por cometer algún ilícito.
Los estados que presentan más casos de adolescentes internos en centros de readaptación social son: Sonora, Jalisco, Baja California, Nuevo León y el Distrito Federal; mientras, Campeche, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Yucatán registraron menos ingresos a nivel nacional, subrayó.
Destacó que el número de menores detenidos por delitos federales aumentó, de mil 337 casos en 2009 a mil 658 en 2011, donde los robos a casa habitación, transeúntes y vehículos fueron los ilícitos más frecuentes. “Esto representa que la población menor de 18 años registra una participación cada vez mayor en actos delictivos”.
Durante los últimos años, continuó, en México se ha profundizado el problema, que se suma a los conflictos de seguridad pública y, en sentido más amplio, a la problemática nacional.
En su opinión, los reincidentes constituyen la mayor evidencia de la escasa adaptación del menor infractor en las instituciones actuales que se encargan de ellos, por lo que es indispensable implementar acciones públicas para prevenir la violencia y fomentar formas de convivencia pacífica en este grupo de la población, a fin de evitar que la violencia continúe reproduciéndose.
La también secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, impulsa un punto de acuerdo por el que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a presentar iniciativas de reformas a las legislaciones locales en materia de menores infractores, con el fin de que se agregue un apartado que exija a las autoridades competentes realizar una inspección semestral para constatar la condición de los menores infractores dentro de los centros reformatorios.
Lo anterior, a efecto de garantizar sus derechos humanos y dar seguimiento a los menores que terminan su estancia; llevar una estadística, y calcular la reincidencia de los menores infractores en los mismos centros o la tendencia que pueda haber para que se conviertan en adultos infractores de la ley.
Asimismo, solicita al Ejecutivo federal coordinar a nivel nacional una estrategia que impulse a los menores infractores a continuar su formación académica por medio de apoyos económicos o de estancias dentro de las instituciones de educación media superior y superior.
Además, generar un programa de apoyo económico para la creación de Pymes por parte de menores infractores al finalizar su estancia en los centros reformatorios, con el objetivo de que pongan en práctica los oficios aprendidos durante el cumplimiento de su condena y así evitar el desempleo de este sector.
Eso va de acuerdo con el Artículo 18 Constitucional, el cual establece un sistema integral de justicia para que la Federación, los estados y el Distrito Federal den tratamiento a los menores, en conflicto con la ley, en el ámbito de sus respectivas capacidades.
Se requiere un cambio en la visión asistencialista y criminalizadora, para apoyar a los menores de 18 años, ya que este sector representa el principal activo de una sociedad. Por eso, “antes de ser tipificados como delincuentes, es obligación del Estado brindarles oportunidades de desarrollo corresponsable y espacios de participación democrática”, sostuvo.
Las políticas, campañas, presupuestos y oportunidades que son destinados a los menores, no son proporcionales a la cantidad numérica que este sector representa. Existen alrededor de 43 millones 542 mil jóvenes menores de 19 años y la mitad de la población tiene 26 años o menos, según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEGI, precisó.
Aunado a ello, agregó, existe un limitado acceso a un empleo digno y bien remunerado, educación, salud, vivienda, oportunidades de desarrollo y participación en la vida pública al que se enfrenta el sector juvenil.
