Puntualizó que de esta cifra, 757 son recomendaciones; 612 recomendaciones al desempeño; 369 solicitudes de aclaración; 332 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; 195 pliegos de observaciones; 11 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, y 2 multas.
Precisó que las áreas clave de riesgo identificadas por la ASF se asocian con proyectos de infraestructura sin planeación; programas públicos sin coordinación; incorporación de tecnologías de información; servicios suministrados por particulares, y cultura administrativa.
Durante la reunión para el análisis de dicha cuenta, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado José Luis Muñoz Soria (PRD), señaló que se debió avanzar desde hace más tiempo en el diseño de un marco legal que pudiera estar más al pendiente, en tiempo y en forma, de toda la problemática de corrupción y desvío de recursos.
“Ahí está la propuesta, esperamos que la vote a la brevedad el Senado, no tiene todo lo que esperábamos, dijo, pero ojalá los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de LXIII Legislatura puedan trabajar con un nuevo marco legal”, enfatizó.
Manifestó su confianza en que con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia “vayamos en ese camino y tengamos pronto la posibilidad de contar en forma completa con el Sistema Nacional de Fiscalización”.
Dijo que se ha pervertido de manera dolosa, por parte del poder público, la relación con la ciudadanía. “Se hace con base en cuestiones de corrupción, y ha permeado hasta la sociedad, la práctica de poner facturas falsas, comprar maquinaria que no existe, pagar por traer una plataforma que decían que venía desde el Golfo Pérsico, cuando estaba en el de México”
Desgraciadamente, dijo, tenemos en todo el país “un “sistema de corrupción por goteo, en todos lados encontramos el goteo de millones, de centenas de miles de pesos, y por eso no resolvemos los grandes problemas nacionales”.
Respecto al tema de desarrollo económico, la diputada Cristina Olvera Barrios (NA), mencionó que los reembolsos realizados por la Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), a Mitubishi, principal accionista de ESSA, ascendió a un total de 137 millones de pesos por concepto de ajustes al precio de la sal, de los cuales no existe evidencia que justifique tal acto, así como tampoco se encontraron documentos comprobatorios donde el concepto de administración autorizara la transición.
Preguntó cuál ha sido la respuesta de ESSA, al respecto; cómo considera la ASF que se logren solventar las observaciones existentes en la conformación de la empresa, y en dónde se limita la actuación de la entidad fiscalizada para acceder a nuevos mercados.
En relación a las irregularidades de Oceanografía, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN) mencionó que estas ascienden a 14 mil millones de pesos, por lo que, preguntó, en qué estatus se encuentra la recuperación de 4 mil 130 millones de pesos de recursos por recuperar.
Asimismo, solicitó saber si existen recomendaciones de la ASF para mejorar el proceso de asignación de recursos, y si la ejecución ha sido eficiente en materia de inversión de proyectos por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes.
En tanto, el diputado Jorge Alfredo Pérez Covarrubias (PAN), indicó que el total de irregularidades que arroja la cuenta pública 2013, ascienden a más de 50 mil 700 millones de pesos, de los cuales, 4 mil 130 corresponde al grupo de desarrollo económico.
Al respectó, preguntó, qué paso con el programa para impulsar la competitividad de sectores industriales y el Fideicomiso México Emprende, cuyas irregularidades alcanzaron un monto de casi 148 millones de pesos.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN) destacó que la revisión de la cuenta pública del 2011 al 2013 enfrenta las mismas problemáticas debido a que las prácticas se repiten, por lo que “hace falta un trabajo pulcro en aplicación de las reglas de operación, respetar los límites de los créditos, acatar y ceñirse a los objetivos de los programas porque quedan claro los actos de corrupción e ineficiencia por parte de los funcionarios públicos.
El principal problema, continuó, es que no hay resultados respecto a quién se sanciona, a quién inhabilitaron; a quién le cobraron; es un problema de las facultades que tiene la ASF y que están limitadas, mientras que no existe una vinculación con la Secretaria de la Función Pública, en cuanto a que esta tenga la obligación de decirnos qué pasó con todas las observaciones que ustedes presentan.
Durante su participación inicial, el titular de la ASF explicó que en la planeación de los proyectos de infraestructura, no se consideró, de manera previa a la emisión de la convocatoria al proceso de licitación, la obtención de los permisos y licencias, la autorización de derechos de paso, la repercusión, a nivel social, de la reubicación de asentamientos humanos, sitios previos de ejecución de las obras, así como el cumplimiento del impacto ambiental de los proyectos. Esto, agregó, se tradujo en retrasos o suspensiones en proyectos.
En el caso de los recursos presupuestales destinados para los proyectos de inversión, indicó que éstos no fueron puestos a disposición de las áreas responsables de su ejecución en el tiempo y la forma acordados, por lo que no resultó posible cumplir con el pago de anticipos y avances de obra.
Subrayó que los resultados de los proyectos de infraestructura se ponen en riesgo e incrementan los costos debido a la falta de control sobre la definición de proyectos, proceso licitatorio y de adjudicación; contratos, programas de trabajo de las obras, adecuaciones de las condiciones originales del proyecto, subcontrataciones; cumplimiento de las especificaciones de construcción y normas de calidad de los materiales y equipos; formalización de convenios modificatorios; autorización de precios extraordinarios o ajustes de costos, y servicios realizados por particulares.
La ASF, dijo, identificó distintas situaciones cuando existen faltas o deficiencias en las tareas de seguimiento como el incumplimiento de los alcances pactados en los contratos en lo referente al avance financiero de los proyectos. Esto se manifiesta en subejercicios; pago en exceso de volúmenes de obra, encarecimiento de proyectos y tardanza de su entrada en operación; erogaciones indebidas por trabajos no ejecutados, equipos y materiales inexistentes en el sitio de la obra; autorización de precios unitarios extraordinarios no procedentes, y realización de convenios modificatorios extemporáneos e indebidamente fundados y motivados.
Respecto a temas específicos, en cuanto a la problemática de obras de infraestructura, la fiscalización identificó casos relevantes en el sector eléctrico, la operación del sistema carretero nacional y la regulación y supervisión del transporte aéreo y portuario.
Detalló que en el caso del sector eléctrico, se observó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no dio cumplimiento a su programa de obras para la adición de líneas de transmisión y subestaciones de transformación de energía eléctrica, ya que de los 43 proyectos programados en 2013, sólo realizó 19, lo que limitó la adición de líneas de transmisión, y eventualmente podría poner en riesgo el cumplimiento del objetivo de incrementar la capacidad instalada.
El funcionario señaló que la ASF observó que los resultados y la justificación de los programas públicos que atienden un tema de política común desde diferentes ángulos se ponen en riesgo cuando se genera una falta de coordinación entre los entes responsables y no se llevan a cabo acciones efectivas de monitoreo respecto a la operación y resultados.
En particular, los programas relacionados con el apoyo al campo y al sector empresarial, presentaron carencias en la supervisión de la operación, la coordinación para la entrega de apoyos y el cumplimiento de los objetivos, sostuvo.
Portal Martínez indicó que también se determinó la existencia de distintas problemáticas en el suministro de servicios, a través de particulares, en términos de costo, calidad y oportunidad.
En cuanto a las autopistas y carreteras concesionadas a particulares, se registró una serie de riesgos y contingencias que abrieron el espacio a la toma discrecional de decisiones por parte de las autoridades correspondientes.
Asimismo, se observó que Pemex Exploración y Producción suscribió contratos de servicios en diversas áreas. La revisión de la remuneración correspondiente a dichos contratos mostró diferentes inconsistencias como: pagos improcedentes a contratistas por gastos no convenidos, errores de registro, falta de evidencia de los trabajos realizados, incumplimiento contractual en la determinación de la producción que serviría de base para el cálculo de su remuneración, y deficiencias en el registro de los activos vinculados con los servicios y autorización de equipo de medición sin que se cumplieran con los requerimientos técnicos para su operación.
En Refinación de hidrocarburos, el esquema de contratación aplicado presentó: falta de acreditación del objeto y los alcances de los contratos de servicios abiertos y omisiones en los términos de referencia, las especificaciones y los análisis de precios unitarios correspondientes respecto de los servicios que se prestan, que repercuten en su costo y calidad.
El titular de la ASF mencionó que en diversas auditorías se evaluó el diseño del sistema de control interno de las entidades fiscalizadas, y se observaron debilidades que conllevan riesgos, que de no ser mitigados con oportunidad podrían afectar el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas.
Los temas que se relacionan con esta área de riesgo fueron: fomento agropecuario y pesquero, hidrocarburos, agua, comunicaciones, y ciencia y tecnología, precisó.
Afirmó que en materia de hidrocarburos se observó que la Comisión Nacional de Hidrocarburos no evaluó los resultados de su gestión, lo que impidió conocer en qué medida cumplió con sus nuevas atribuciones en el marco de la Reforma Energética.
Asimismo, las acciones de conducción y dirección de Pemex no aseguraron el abastecimiento de petróleo crudo que demandó el Sistema Nacional de Refinación, en términos de cantidad y calidad, en tanto que Pemex Exploración y Producción privilegió la exportación del hidrocarburo; de 2004 a 2013, el volumen de petróleo crudo ligero exportado aumentó 276.3%, y el suministrado a Pemex Refinación disminuyó 2.0%, lo que afectó la producción de los principales petrolíferos.
Consideró que de no tomar acciones para garantizar el suministro de crudo de acuerdo con el volumen y calidad solicitados, y la configuración de las refinerías, se corre el riesgo de que la empresa subsidiaria de Pemex, encargada de los procesos de refinación, no pueda enfrentar los nuevos retos del mercado abierto de los petrolíferos que representa la Reforma Energética.
En el tema del agua, dijo, la disminución de su disponibilidad está poniendo en riesgo la sustentabilidad del vital líquido para las generaciones presentes y futuras; de 1950 a 2010 el volumen del líquido disminuyó a una tasa media anual de 2.4%, al pasar de 18,035 a 4,090 m3 por habitante al año.
Estimó que es indispensable mejorar la gestión operativa de la CONAGUA para efectuar la medición del vital líquido en función de los cuerpos de agua que evidencien una mayor problemática de sobreexplotación, que contribuya a reducir paulatinamente el déficit del recurso hídrico en acuíferos y cuencas.
En su intervención, el titular de la Unidad de Evaluación de Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Alejandro Romero Gudiño, subrayó que pese a las innumerables reformas estructurales emprendidas desde 1983, y a dos décadas de la privatización sistémica de activos públicos, México no ha podido emular el exitoso crecimiento económico de países árabes o asiáticos.
“Ha pasado el tiempo suficiente para una evaluación integral de la falla del modelo vigente”, enfatizó, ya que para el periodo 1993-2013, la tasa real de crecimiento promedio de la economía fue de 2.6, muy alejado del 7 u 8 por ciento anual que se tuvo durante la época del desarrollo estabilizador en nuestro país.
En 2013, abundó, la economía logró un crecimiento real de 1.4% pero fue inferior al del año anterior, que fue de 4.0, y similar al de 2008. Tal crecimiento económico fue resultado del aumento del comercio y los servicios (2.5%) y de la actividad agropecuaria (0.9%). Dado que la industria descendió 0.5%, agregó, destaca el notable crecimiento del sector financiero, de 9.8%.
Durante el periodo 2006-2013, la economía nacional creció a una tasa promedio anual de 2.0% en términos reales, con incrementos de 1.1% en la actividad agropecuaria, 0.7% en la industria y 2.9% en el comercio y los servicios.
“Dicho crecimiento, se compara desfavorablemente con el dinámico incremento del sector financiero de 11.8% que, sin embargo, poco contribuye al crecimiento de la actividad productiva”, subrayó.
En cuanto al gasto ejercido en funciones de Desarrollo Económico, Romero Gudiño destacó que en 2013 ascendió a más de 1 billón de pesos, monto superior en 14.5% sobre el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados y en 7.6% en términos reales a lo ejercido en 2012.
Al dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores el auditor Portal Martínez apuntó que se lograría mejorar la rendición de cuentas impulsando el Sistema Nacional de Fiscalización, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción. “No debe esperarse a que se aprueben todas las reformas constitucionales y leyes secundarias, desde ahora se pueden fortalecer los sistemas de control interno en cada dependencia y en los tres niveles de gobierno, trabajando coordinadamente para abatir las irregularidad.
Javier Pérez Saavedra, auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, explicó que en Sagarpa se aplicó una importante fiscalización, al realizarse 26 auditorías, verificando el uso de más de 21 mil millones de pesos, surgieron 290 acciones, de las cuales 97 son pliegos de observaciones y 25 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. Anunció la posibilidad de recuperación de mil 633 millones de pesos.
