De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre las principales violaciones a la normatividad laboral documentadas en dos ranchos del Valle de San Quintín de los que fueron rescatados 200 personas entre ancianos, adultos y niños, destacan: trabajo infantil en su modalidad de trabajo forzoso, trabajo agrícola expuesto a sustancias peligrosas como plaguicidas y pesticidas, carencia total de equipo de protección, seguridad social y capacitación; ausencia de control en el manejo de sustancias químicas para jornaleros, fumigadores y población infantil.
Este hecho detonó la protesta de los trabajadores del Valle de San Quíntín, en cuyos ranchos y campos trabajan cerca de 80 mil jornaleros agrícolas, los cuales denuncian que ganan un salario promedio de 110 pesos por 15 horas de trabajo al día, viven en condiciones de hacinamiento, carecen de prestaciones y están expuestos a riesgos por la exposición a los agroquímicos y no tienen seguridad social.
En opinión del coordinador perredista, las condiciones en las que trabajan los jornaleros agrícola, y la explotación laboral y abuso sexual que sufrían empleados de una maquiladora en Zapopan, Jalisco, caso que se dio a conocer en enero de este año; sólo son un botón de muestra de que en nuestro país no se está cumpliendo con lo que establece la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales que México ha firmado en materia laboral y de derechos humanos.
Los 129 trabajadores, en su mayoría mujeres, que trabajaban en la maquiladora de Zapopan ganaban menos del salario mínimo, con horarios extenuantes y sólo les autorizaban escasos minutos para comer.
“Casos como estos demuestran que en el territorio nacional operan empresas mexicanas y extranjeras que no respetan la ley, que ofrecen trabajos mal pagados, sin prestaciones laborales de ningún tipo y que abusan de los trabajadores con la complicidad de las dependencias federales y estatales que supuestamente deben protegerlos”, advirtió, Alonso Raya
“El gobierno federal junto con los gobiernos de los estados tienen la obligación de no permitir que en el territorio nacional ninguna empresa viole lo que establecen la Constitución, particularmente el artículo 1° en materia de derechos humanos, y la Ley Federal de Trabajo; por lo tanto su obligación es proteger a los trabajadores y atender sus demandas”, concluyó.
