Ante dirigentes y representantes de empresas agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) que expresaron su preocupación sobre el tema, el líder parlamentario reconoció, sin embargo, la posibilidad de realizar un periodo extraordinario a fines de junio, una vez pasadas las elecciones, si se cumple con la condición de que el proceso legislativo se apegue a la legalidad.
Coincidió con los empresarios en la necesidad de que este proceso legislativo ya “no sea desaseado”, pues de lo contrario –dijo- sólo producirá desconfianza y desencanto entre la población.
En este sentido, señaló que la nueva Ley General de Aguas debe empatarse con un rediseño total del presupuesto en el que se privilegien las inversiones productivas y en infraestructura, y acompañarse con transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en el quehacer gubernamental, para de esa manera acabar con tanto escándalo que tiene de cabeza a la nación.
La desafortunada redacción de lo que impuso la SHCP en el dictamen –puntualizó- parece ir en sentido contrario, pues da lugar a excesivos trámites, burocratismos y ambigüedades que a su vez provocan discrecionalidad y corrupción de los funcionarios, como los plazos para que éstos decidan las concesiones.
Aclaró que el PRD no busca, en modo alguno, la “satanización” del sector privado en su conjunto, pero lo mal hecho y peor redactado de lo que impuso Hacienda en la dictaminación de la Ley General de Aguas fue lo que llevó a esa visión, ya que en dicha redacción se faculta a los empresarios incluso a desalojar comunidades si éstas se interponen en la explotación del agua que les ha sido concesionada, lo que evidentemente es un atentado al Derecho Humano al agua.
También lo son ciertos trasvases de agua en los que ya se despoja del agua a comunidades para llevarla a otras cuencas, como sucede con acueductos en Sonora, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato y otras entidades.
La propuesta gubernamental –dijo- enfatiza cuatro rubros: las concesiones al sector privado, los trasvases, la facturación y el tratamiento de aguas, y el uso industrial del líquido.
En especial, de este último rubro se le cuestiona su permisibilidad con el fracking o extracción de hidrocarburos –en forma de gas Shell- con inyección de grandes volúmenes de agua, pues aquellos sitios en donde existe este gas (como Nuevo León) no hay agua, y donde hay agua (como Tabasco) no hay ese gas, por lo que necesariamente en el primer caso deberá trasvasarse el líquido de una cuenca a otra y esto ya genera, incluso, problemas telúricos en lugares que no son sísmicos.
Miguel Alonso Raya también coincidió con los industriales de Canacintra en que el principal problema sobre el agua es la carencia de una política pública por parte del gobierno, a grado tal que sus programas, normas y planes están desfasados respecto a las necesidades del país y ajenos al problema de seguridad y conflictividad nacional que ya representa.
Prueba de esto –precisó- es la gran cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales inhabilitada en el país o la carencia de un tratamiento diferenciado a estados y municipios sobre su contribución en proyectos conjuntos con la Federación.
Agradeció a Canacintra esta invitación al diálogo, reconoció su participación en los foros realizados por la Comisión de Recursos Hidráulicos, lamentó que por una deficiente redacción se haya “satanizado” a todo este sector productivo y confió en su próxima intervención en las audiencias a las que ha convocado la Cámara de Diputados.
Consideró que una vez detenida la discusión del dictamen sobre esta ley, todos los sectores –incluido el industrial- deben intervenir en los foros a convocarse por las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agua Potable y Saneamiento, y los mismos sectores deberían comunicarse entre sí para conocer otros puntos de vista y la necesidad de tomarlos en cuenta, particularmente en lo referente al Derecho Humano al agua estipulado en la Constitución.
