Consideró sumamente positiva para México que el Senado haya aprobado esta ley, que llegó el pasado jueves a la Cámara de Diputados.
En un comunicado de prensa, recordó que es un tema pendiente desde la reforma del artículo sexto constitucional de principios de esta legislatura.
Si bien el derecho a la información ya estaba establecido en la Constitución desde 2007, con la reforma se ampliaron los sujetos obligados y ahora se concretan los principios, las bases, los procedimientos y sanciones que garantizan el derecho ciudadano de acceso a la información pública, agregó el líder parlamentario.
Sostuvo que cualquier persona podrá obtener la información en posesión de una autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes de la Unión, los órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos, sindicatos y partidos políticos.
Asimismo, las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos, de modo que toda acción y recursos públicos estarán sujeto al escrutinio de los ciudadanos.
La iniciativa de ley institucionaliza la transparencia y la rendición de cuentas, a la vez que inhibe y sanciona las prácticas discrecionales que fomentan la opacidad y la impunidad.
“Se trata de un cambio de paradigma en la gestión de los asuntos y recursos públicos y en la instauración de un gobierno abierto al escrutinio ciudadano”, afirmó Beltrones Rivera.
Dijo que en los notables avances de la iniciativa de ley destaca el establecimiento de un Sistema Nacional de Transparencia, sustentado en el Instituto Nacional de Transparencia (ahora denominado IFAI) y los 32 institutos locales también de carácter autónomo, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI,.
También en una Plataforma Nacional de Transparencia que, entre otras cosas, gestionará las solicitudes de acceso a la información y el sistema de portales para la transparencia y acceso a la información de los sujetos obligados.
Los legisladores federales y locales también están incluidos en las obligaciones de transparencia y deberán informar íntegramente sobre sus ingresos.
“El buen juez por su casa empieza, y tengo la convicción de que el Poder Legislativo sabrá estar a la altura de sus responsabilidades en materia de transparencia y rendición de cuentas”, sentenció.
El coordinador parlamentario del PRI destacó la relevancia de la participación de la sociedad civil y los especialistas en el proceso legislativo de la Ley General de Transparencia, así como en la integración de los consejos consultivos que serán parte fundamental del trabajo de los organismos garantes de la transparencia.
Subrayó que la participación y responsabilidad de la ciudadanía es esencial en un gobierno abierto y los asuntos de interés público son cada vez más amplios, como se advierte también en el intenso debate generado por la iniciativa de Ley General de Aguas.
Indicó que, congruente con este genuino interés, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ha exhortado a las comisiones unidas que se ocupan del tema a considerar las propuestas de las distintas voces y sectores interesados en esta regulación y a tomar el tiempo necesario para deliberar al respecto.
“Transparentar las instituciones públicas e incorporar la opinión ciudadana es clave para consolidar la democracia con un gobierno abierto”, concluyó el líder parlamentario.
