“Los estándares internacionales señalan que se debe sancionar a quienes no hicieron nada para detener o consignar los actos violatorios de derechos humanos”, dijo Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Durante una audiencia pública de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso con organizaciones de la sociedad civil, Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, resaltó que en el caso de Tlatlaya la Procuraduría General de la República (PGR) obstaculiza el esclarecimiento de los hechos, al negar la documentación al respecto de la cadena de mando de los militares que participaron en el operativo en ese municipio.
El investigador Carlos Silva Forné, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que de acuerdo a estudios el índice de letalidad en los operativos de seguridad pública es más alto para el Ejército y la Marina.
Detalló que para el Ejército el número de muertos por cada herido en enfrentamientos es de 9, para la Marina de 17 y de la Policía Federal de 2.
La presidenta de la Comisión Especial, Elena Tapia (PRD), dijo que el esclarecimiento de la cadena de mando en el caso Tlatlaya le corresponde tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como a la PGR, para sancionar a los altos mandos que toleraron las ejecuciones extrajudiciales.
“No debe usarse la reforma para acotar el fuero militar como pretexto para que la Sedena argumente que ahora el caso lo tiene la PGR y que ésta niegue la información con el argumento de que están en proceso varias líneas de investigación”.
