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El dictamen avalado luego de un intenso debate en el pleno contiene seis bastiones: el ciudadano, la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho, la legalidad y la racionalidad constitucional.
Tiene por objeto establecer los principios y bases generales para la entrega de datos públicos en poder de cualquier órgano gubernamental o persona física o moral que reciba dinero público.
La ley general debió aprobarse a más tardar el 7 de febrero pasado, en que venció el plazo de un año que previó la reforma constitucional en materia de transparencia.
