En relación al trabajo realizado en su estancia en México, el especialista chileno Francisco Cox, abogado en derecho constitucional, dijo que están “en el proceso de instalación y recabar la información”.
“Al final de nuestra visita sí informaremos sobre cada una de las reuniones que hemos tenido y los antecedentes que hemos revisado”, agregó.
Tres integrantes de este grupo de la CIDH se reunieron este miércoles con los diputados que integran la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa, a quienes les entregaron dos informes de las indagaciones que han realizado sobre el tema.
Al final de este encuentro, Francisco Cox expuso que todas las reuniones que han sostenido hasta ahora han sido útiles para cumplir con los distintos puntos de su mandato.
El pasado 26 de septiembre, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos en Iguala y, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), policías municipales los entregaron al grupo delictivo Guerrero Unidos, cuyos integrantes presuntamente los asesinaron e incineraron en un basurero de Cocula.
El pasado 12 noviembre la CIDH formalizó un acuerdo con el gobierno mexicano y familiares de los estudiantes desaparecidos para brindar asistencia técnica e integró el grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos, el cual llegó a México el pasado 2 de marzo.
El grupo tiene las atribuciones de elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria.
Francisco Cox sostuvo que las recomendaciones que emitan los expertos van a estar alineadas con estándares internacionales y de acuerdo con tratados que el propio gobierno mexicano y ha ratificado.
El mandato del grupo de expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.
En declaraciones a la prensa por separado, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) comentó que los expertos de la CIDH han sido muy claros en que al delito de desaparición forzada que existe actualmente en el Código Penal le falta dos elementos.
Que se considere un delito de lesa humanidad y que en estos casos México se atenga a los protocolos de desaparición forzada y acepte la participación y recomendación de organismos internacionales.
“Nosotros vemos mucha disposición en estos expertos (de la CIDH) y nos da gusto, pero además vemos también que son personas que conocen … tocaron temas muy claros …. Tendrán que dar recomendaciones muy específicas”, agregó.
