El nuevo modelo explicó, permitirá no sólo acceder al manejo de los recursos públicos de sujetos obligados: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino a los de sindicatos, partidos políticos y toda persona física o moral que los consienta.
En su conferencia magistral “El papel de la transparencia en el sistema de rendición de cuentas: el Sistema Nacional Anticorrupción”, Puente de la Mora hizo un reconocimiento a la Cámara de Diputados por “dar forma a este sistema, lo que garantizará la confianza de la ciudadanía en las instituciones, al establecer responsabilidades y sanciones”.
Detalló que la creación del SNA permitirá la participación directa del IFAI con el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con la Auditoría Superior de la Federación y con el fiscal especializado en el combate a la corrupción.
Estos temas, destacó, marcarán un antes y un después en México, ya que abonarán a la confianza de la ciudadanía, posibilitando su participación.
No cabe duda, continuó, que este sistema, así como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, permitirán contar con mejores herramientas para que la población esté pendiente de lo que hacen las autoridades no sólo con el recurso público, sino en todas las acciones que ejerzan.
“Los temas de transparencia y rendición de cuentas son centrales y es una oportunidad para que la ciudadanía cuestione y sea cada vez más activa”, subrayó.
Precisó que el proyecto de Ley en materia de Transparencia, la cual debía aprobarse desde el 7 de febrero pasado en el Senado, debe garantizar el acceso a la información y a la rendición de cuentas, por lo que se debe vincular con el Sistema Nacional Anticorrupción.
Dijo que uno de los temas más álgidos en la discusión de esta norma, es saber cuál será el papel de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y si será un medio a través del cual se revisen las decisiones del IFAI.
Puente de la Mora agregó que aunque haya pasado el plazo constitucional para el establecimiento de esta ley, es indispensable revisar todos y cada uno de los aspectos que le atañen, a fin de tener una norma fuerte y de vanguardia.
Por ello, sostuvo, el IFAI aboga por la permanencia de la cláusula que infiere los supuestos de violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, tener la posibilidad de abrir en versión pública, una averiguación previa y asegurar estabilidad financiera, económica y monetaria.
El reto de la máxima transparencia
Durante el primer panel de exposición, servidores públicos y representantes de la sociedad civil coincidieron en crear una ley de transparencia y acceso a la información eficaz y con elementos necesarios para garantizar las demandas ciudadanas, acorde a las circunstancias que actualmente atraviesa el país.
“Se tienen que aterrizar mecanismos concretos para asegurar la participación de la gente. Con esto, y en la práctica, se podrá asegurar una verdadera rendición de cuentas”, consideró Gustavo Parra Noriega, coordinador de Protección de Datos Personales del IFAI, al inaugurar el panel “El reto de la Máxima Transparencia: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
El funcionario hizo un llamado al Senado de la República para enviar una minuta coherente y a la altura de la reforma constitucional en esta materia, algo que, posteriormente, los diputados deberán debatir y aprobar con el mismo espíritu, “para lograr una ley acorde a los tiempos actuales”.
En coincidencia, la directora general de México Evalúa, Edna Jaime Treviño, sostuvo que México atraviesa un momento trascendental dado el proceso de transformación política que impulsa contrapesos al poder. “Nuestro país no se hizo democrático con una elección donde ganó un partido opositor; se hará democrático cuando se institucionalice el poder”, agregó.
Por otra parte, opinó que el acceso a la información puede tener un “efecto cascada”, al combinarse con otros mecanismos que hagan posible la rendición de cuentas, y destacó que los gobiernos que procuran esto en sus instituciones, son proclives a ser más efectivos en el ejercicio de sus funciones y el cuidado a los derechos ciudadanos, ”algo que en México no se cumple”.
En su turno, la directora ejecutiva de la asociación Fundar, Haydée Pérez, celebró que la iniciativa en materia de transparencia presentada el pasado diciembre en el Senado, sea parte de un proceso “inédito” de colaboración entre representantes de la sociedad y la academia, lo que la dota de una legitimidad con la que “no todos los proyectos de ley cuentan”.
“Más allá de la legitimidad, me parece una ley de primer nivel, de avanzada, que incluye una visión progresista y garantista al derecho de acceso a la información”, expresó.
Sin embargo, subrayó la necesidad de acotar a la estabilidad económica como causal de reserva de información, pues “es un concepto demasiado ambiguo que se puede utilizar para negar el acceso a casi cualquier dato”.
Al tomar la palabra, Gabriela Legorreta, coordinadora de transparencia del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., advirtió que se corre el riesgo de dejar ver a la corrupción como un mal necesario, para tomarla como la única manera de conducir la vida pública. Este tema, añadió, “no es cultural, como se ha dicho, es uno de normas y reglas de juego”.
Manifestó que la transparencia no debe convertirse en un ejercicio de “cinismo político”, pues de continuar las cosas como están –sin sancionar los abusos de poder-, se corre el riesgo de que la ciudadanía termine por desestimar esta herramienta y abonaría a la desconfianza institucional “que afecta a nuestra incipiente democracia”.
A su vez, Alejandro Torres Rogelio, comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF), argumentó que la propuesta de ley que se analiza en el Senado es de carácter “centralista” y sostuvo que el federalismo se construye desde el ámbito local, con las autoridades más cercanas al ciudadano, algo que en esta iniciativa no se toma en cuenta.
“El problema está en las localidades que no están respondiendo al derecho de acceso a la información, por lo que se tienen que establecer los requisitos mínimos para que garanticen esta exigencia”, concluyó.
El alcance de las entidades de fiscalización en México
En su intervención, el secretario técnico de la Auditoría Superior de la Federación, Benjamín Fuentes Castro, recordó que en la presentación del último informe de la ASF se incluyeron 65 propuestas a la Cámara de Diputados para realizar reformas legislativas que podrían ayudar a optimizar la administración pública y perfeccionar el empleo de los recursos federales.
Fuentes Castro inauguró el segundo panel de análisis intitulado “Alcances de las Entidades de Fiscalización en México: el Papel de la Evaluación de un Sistema de Rendición de Cuentas”.
Por su parte, la directora general del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (Ceameg), de la Cámara de Diputados, Marina Mandujano Curiel, se pronunció por fortalecer el sistema de rendición de cuentas para los programas e instancias destinadas a procurar la igualdad de género, ya que aún son escasos los 24 mil 308 millones de pesos etiquetados con este fin en el PEF 2015.
Recomendó a las autoridades fiscalizadoras institucionalizar y fortalecer el criterio transversal de la perspectiva de género en las políticas públicas; hacer claras y flexibles las reglas de operación de los programas del rubro, y diseñar un sistema de indicadores que permitan evaluar el impacto de las ayudas en el afán de aprovechar al máximo los montos destinados para las mujeres.
Por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la coordinadora del Área de Derecho de la Información, Issa Luna Pla, opinó que la transparencia no será efectiva si los mecanismos de fiscalización y auditoria no están bien diseñados y estructurados.
Advirtió que al no cuidar estos factores al momento de solicitar informaciones de gasto o verificar si un funcionario tiene conflicto de interés, “la respuesta que tendremos mediante los mecanismos de rendición será nula, es decir, que es confidencial, clasificada y, por ende, imposible de acceder”.
Al clausurar el panel, Dalia Pérez, investigadora de Arkemetria Social A.C., recordó que México ocupa el lugar número 100 de 183 países en el rubro de percepción de corrupción, mientras que para 2010, 56 por ciento de los mexicanos consideraba que esta mala práctica había aumentado en el país, además de que la deshonestidad nos cuesta 1.5 billones de pesos al año.
Es un problema “gigantesco que hay que resolver”, por lo que debe haber equilibrio entre el enfoque punitivo y preventivo, algo que los legisladores deben tomar en cuenta al momento de aprobar leyes en materia de combate a la corrupción, comentó.
