Destacó que los priístas actuaron con profesionalismo y prudencia para alcanzar el acuerdo plural que hizo posible la reforma y reconoció la labor de la mesa de trabajo que revisó las distintas iniciativas de ley presentadas sobre la materia.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo que el grupo parlamentario del PRI actuó con la responsabilidad que le corresponde como partido en el gobierno: ofrecer respuestas claras a los ciudadanos que exigen frenar el desvío de recursos públicos a los bolsillos de particulares y erradicar la impunidad.
Con ese propósito, esta reforma constitucional fortalece las instituciones y cuida los equilibrios del régimen presidencial, así como la vigencia plena del pacto federal, añadió.
Sostuvo que la ciudadanía puede confiar en que no es un tema efímero de temporada electoral, sino un esfuerzo integral y consistente de alcanzar mejores estándares de buen gobierno en todo el territorio nacional y en todos los órdenes de gobierno e instituciones del Estado.
Es el punto de arranque de una transformación cultural que debe llevarnos a un servicio público con un riguroso sentido ético, pulcritud en el manejo de los recursos públicos y a la participación ciudadana en la rendición de cuentas, sostuvo Beltrones Rivera
El líder priista aseveró que se trata de castigar, sin excepción, los actos de corrupción y de prevenirlos con la promoción de un sistema de integridad pública basado en las mejores prácticas internacionales.
Esto incluye capacidades técnicas para evaluar el desempeño del servidor público conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de sus funciones, comentó.
Aseveró que es un auténtico cambio de paradigma en el servicio público, basado en la colaboración institucional entre el Estado y la sociedad civil, como es propio de un gobierno abierto.
De acuerdo con Beltrones Rivera, el Sistema Nacional Anticorrupción está construido sobre cuatro firmes pilares:
1. Una Auditoría Superior de la Federación con facultades más amplias para actuar con oportunidad.
2. Un Tribunal de Justicia Administrativa autónomo y con fuerza suficiente para sancionar las faltas y obligar a la rendición de cuentas.
3. Una Fiscalía Anticorrupción que investigará y castigará penalmente los casos de deshonestidad.
4. Una Secretaría de la Función Pública a cargo de acciones preventivas y de la mejoría del servicio público, cuyo titular podrá ser ratificado por el Senado de la República.
El conjunto de medidas integra un sistema que articula las acciones que hoy aparecen aisladas y que serán coordinadas por una ley general que distribuirá las competencias entre los tres órdenes de gobierno.
Esta ley también establecerá las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y las sanciones que correspondan a sus actos u omisiones, para establecer un sistema de fiscalización de carácter nacional, oportuno y funcional.
Con esta reforma, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no tendrá que esperar a que concluya el ejercicio fiscal para actuar de inmediato por denuncias de casos graves de corrupción.
La ASF podrá presentar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción o iniciar procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, según se trate de un delito o de una falta administrativa.
También se abren al escrutinio público los fideicomisos, fondos y mandatos -públicos y privados.
Beltrones Rivera destacó que el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa podrá imponer sanciones por faltas graves, tanto de funcionarios como de particulares, quienes no podrán eludir su responsabilidad en actos indebidos y deberán resarcir los daños al patrimonio público.
Entre otros avances adicionales, se eleva de tres a siete años el periodo de prescripción de una falta o delito en casos de corrupción. Así, junto con la actuación oportuna de la ASF y del Tribunal, se cierra el círculo que corta el paso a la impunidad.
Un aspecto igualmente trascendental es que la extinción de dominio se incorpora a la ley para los casos de enriquecimiento ilícito, con lo que asestamos un serio y severo golpe a la corrupción.
Los bienes mal habidos de funcionarios corruptos se convertirán en propiedad de la nación.
Por iniciativa del PRI, se agregó la obligación de los funcionarios de declarar, además de su patrimonio, posibles conflictos de interés.
La política moderna es el arte de generar acuerdos plurales para actualizar el marco jurídico y el diseño institucional, y esta reforma constitucional nos pone en la ruta de sanear la vida pública como exigen los ciudadanos y requiere el país para su transformación integral, finalizó Beltrones Rivera.
