Durante la sesión de la Comisión se avaló el documento, en lo general y en lo particular, con 24 votos a favor (PRI, PAN, PRD, PVEM y NA), uno en contra (Ricardo Mejía Berdeja, de MC) y una abstención (Julisa Mejía Guardado, del PRD).
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución.
En las consideraciones del documento se señala que “resulta evidente que la corrupción trasciende militancias partidistas, proyectos ideológicos y órdenes de gobierno”.
Se establece que “el actuar de los servidores públicos se vuelve relevante: un acto de corrupción no sólo tiene implicaciones éticas, en específico contrarias al sistema axiológico de las democracias constitucionales, sino que producen daños relevantes en el desempeño estatal”.
Recuerda que, según datos del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, para el año 2010, las ´mordidas´ para acceder o facilitar 35 trámites y servicios públicos alcanzaron los 32 mil millones de pesos.
Para ese mismo año, el índice registró 200 millones de actos de corrupción en los distintos órdenes de gobierno.
Según el Barómetro de las Américas, en 2010 el 77 por ciento de los ciudadanos encuestados percibieron índices altos de corrupción en el país.
Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción “como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”.
Resulta de la coincidencia de las distintas iniciativas en crear una instancia con capacidad de mejora continua del desempeño de la administración gubernamental.
El sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo federal responsable del control interno y por el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Asimismo, por el comisionado presidente del organismo garante que establece el artículo 60 de la Constitución y por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.
El sistema tiene como ejes principales las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Tribunal de Justicia Administrativa o de Cuentas y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
