En la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión se prevé la instalación y operación de una red pública compartida de telecomunicaciones al mayoreo sobre la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico, que debe entrar en operación antes de que concluya 2018.
Este proyecto busca constituirse como un instrumento de política pública para garantizar el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones para todos los mexicanos, sobre todo en aquellos lugares en los que la sola operación del mercado no ha posibilitado su cobertura y provisión.
No obstante, la evidencia empírica internacional revela que ningún otro país (salvo Ruanda) ha emprendido un proyecto similar y ciertamente de mucho menor escala.
Todo esto nos induce a preguntar sobre la viabilidad y eficiencia económica del proyecto.
En primer lugar, abundan las voces de industria que llaman la atención acerca de las dificultades técnicas que enfrenta el despliegue y operación de esta red, para cumplir las metas de cobertura y la prestación de los servicios en las condiciones y plazos que establece la Reforma Constitucional.
Al respecto, se menciona el caso de la aun limitada disponibilidad de dispositivos y teléfonos inteligentes compatibles con la modalidad de operación de la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico, y que a su vez cuenten con un precio accesible para los posibles usuarios de la red.
Desde una óptica fiscal, la contracción de los ingresos del erario público a los que se ha enfrentado el gobierno en periodos recientes ante el descenso de los precios del petróleo, representa un elevado costo de oportunidad del proyecto. Alternativamente, en un escenario en el que el gobierno licitara esas frecuencias dentro de la banda de 700 MHz, generaría una contraprestación inmediata por derechos de espectro y un flujo importante de ingresos fiscales resultantes de las cuantiosas inversiones privadas, empleos generados, ingresos de operadores, importaciones, etc. por mencionar tan sólo algunos.
En perspectiva histórica, la operación y control de empresas de comunicaciones o telecomunicaciones por parte del sector público ha resultado en pérdidas multimillonarias para el erario y, consecuentemente, para la sociedad. La complejidad técnica y estratégica de este tipo de empresas u operadores para alcanzar una eficiente y suficiente asignación de recursos tecnológicos y económicos no empata con la vocación de los servidores públicos en lo general.
Como ejemplos vale la pena recordar el caso de Telmex en su fase de monopolio gubernamental, periodo en que además del desabasto en la provisión de servicios fijos de la época (recordará usted que era casi imposible conseguir una línea telefónica en la década del ochenta), generó una pérdida acumulada (considerando el ejercicio de montos de inversión) de 850 mil millones de pesos corrientes, tan sólo en la última década bajo el manejo gubernamental.
Otro ejemplo de ineficiencia operativa de empresas públicas se encuentra al analizar las cifras operativas de la compañía hasta el año pasado conocida como Satélites Mexicanos (Satmex). En efecto, bajo las manos del gobierno experimentó dos procesos de quiebra que culminaron con la compra de la compañía por la empresa privada Eutelsat Americas.
Ante todo ello, miembros de la academia, gobierno, industria y de la sociedad en general, han señalado incluso la conveniencia de considerar la cancelación de este proyecto de Red Compartida. Queda abierta esta ventana de análisis y decisión que efectivamente beneficie al país y no que de pauta a una nueva versión de elefante blanco del sector público.
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@ernestopiedras
